En imagen del 24 de abril, protesta de la Coordinadora Jalisciense Plan de Ayala en la avenida Constituyentes. Foto Alfredo Domínguez
Ciudad de México. Los dirigentes de la Federación de Pueblos Rurales (Fepur), Manuel Martínez Sotelo, y de la Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU), Juan Carlos Hernández Valentín, anunciaron la realización de una marcha campesina para el miércoles 26 de julio del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, para exigir que se excluya el capítulo agropecuario en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
También demandaron la construcción de un plan nacional agropecuario, reingeniería de políticas, programas y estructuras gubernamentales, y un programa emergente de crédito e incremento sustancial del presupuesto federal para el campo.
“Convocamos a luchar y unirnos para que juntos como sociedad civil, provoquemos una modificación de la ley que ampara dicho tratado comercial”.
En entrevista, indicaron que en 23 años de tratado se registró una caída de 19 por ciento en el empleo agrícola, es decir, se perdieron aproximadamente dos millones de empleos.
En la agricultura la eliminación de aranceles a productos agrícolas a raíz del TLCAN ocasionó que se desplazara a los agricultores mexicanos.
Añadieron que “el PIB per cápita de México sólo creció 28.7 por ciento, de manera acumulativa, de 1994 a 2016. Esto supone una tasa media de crecimiento anual de sólo el 1.2 por ciento, muy baja en comparación con otros países de la región en ese mismo periodo”.
Resaltaron que en los 23 años que México ha permanecido en el TLCAN “la pobreza aumentó y las familias del campo se vieron obligadas a desplazarse”.
Por lo anterior, demandaron que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se convierta en el motor del desarrollo rural, dándole voz al Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.
Los líderes campesinos propusieron también el establecimiento de políticas, programas y estructuras gubernamentales de atención a campesinos y organizaciones de productores y la implementación de un programa emergente de crédito, capacitación, asistencia técnica, mejoramiento de tecnología, producción de abasto de insumos nacionales y precio justo por cosecha a productores.
Asimismo exigieron un aumento del presupuesto federal para el campo, acorde con los objetivos de soberanía y seguridad alimentaria para los mexicanos.