Publicidad oficial se discutiría la próxima semana

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La iniciativa de Ley de Comunicación Social estipula que para que los medios puedan ser considerados para la difusión del trabajo del gobierno, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios a cargo de la Segob

CIUDAD DE MÉXICO

A partir del 1 de enero de 2019, la Secretaría de Gobernación, a nivel federal, y las dependencias o unidades administrativas equivalentes en los estados y los municipios, serán las encargadas de regular la contratación de publicidad entre los entes públicos y los medios de comunicación.

Así lo propone la iniciativa de Ley de Comunicación Social que podría ser discutida la próxima semana en la Cámara de Diputados, la cual también estipula que para que los medios puedan ser considerados para la difusión del trabajo y acciones de gobierno, deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Segob, aunque, se advierte, su empadronamiento no obliga a que los entes públicos soliciten sus servicios.

Con esta medida los legisladores federales buscan dar cumplimiento a la sentencia 1359/2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental y cuyo plazo para que sea presentada se fijó para el 30 de abril de 2018, tras 10 años de omisión legislativa.

La ley de Comunicación Social -que será aplicable a cualquier Campaña de Comunicación Social pagada con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional o en el extranjero- contempla mecanismos de transparencia, vigilancia y control para evitar que el erario sea utilizado en la promoción personalizada de cualquier servidor público con fines electorales.

Además, pretende frenar la difusión de mensajes discriminatorios y sexistas que inciten a la violencia o que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros.

El texto normativo busca que la comunicación social sea incluyente con la transmisión en versiones y formatos accesibles para personas con capacidades diferentes y, en el caso de las comunidades indígenas se pretende que los mensajes sean transmitidos en la lengua o las lenguas correspondientes.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Para transparentar el uso de los recursos destinados a campañas de comunicación social, la iniciativa determina que los entes públicos deberán mantener actualizada en sus sitios de internet la información sobre los montos utilizados, desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto.

La Ley de Comunicación Social obliga a que las dependencias gubernamentales elaboren una Estrategia de Comunicación Social y un Programa Anual en el que indiquen los temas a posicionar, su importancia y el presupuesto que ocuparán para tal fin.

Una vez entrada en vigor la Ley de Comunicación Social, el Congreso de la Unión, los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberán armonizar su legislación, en un plazo no mayor a 90 días.