Asimismo, pide que adecúe el proceso a lo establecido en la Constitución en cuanto a las obligaciones del Comité Técnico de Evaluación, ya que es inconstitucional que se le pida presentar dos informes a la Jucopo, relativos al cumplimiento de requisitos formales y a las personas mejor calificadas para conformar las quintetas, porque en el diseño constitucional se señala que únicamente debe informar sobre los mejores perfiles.
En sesión extraordinaria, en la que estuvieron presentes cuatro de los seis magristrados, Felipe Fuentes Barrera, quien estuvo a cargo del proyecto aprobado, destacó la importancia de que las designaciones de los consejeros electorales -a más tardar el 28 de abril de 2023-, estén rodeadas de certeza y transparencia, “pues la legitimidad del órgano electoral es piedra fundamental para el desarrollo democrático de nuestro país y para la existencia de elecciones ciudadanas libres”.
Defendió también que lo resuelto “no tiene un ánimo injerentista o arbitrario, sólo se sustenta en la importancia de coadyuvar a que se cumplan los principios y normas constitucionales, de tal manera que la conformación de un órgano de la jerarquía e importancia del INE sea realizada de cara a la ciudadanía, para que toda aquella persona que así lo considere tenga la posibilidad de acompañar puntualmente el proceso de selección y tenga la claridad y certeza sobre sus etapas y sobre las acciones que realizan las autoridades que lo conforman”.
La magistrada Janine Otálora señaló que en la convocatoria que se emitió el 13 de diciembre pasado “no hay una diferenciación entre el proceso de integración de una quinteta para la presidencia del Consejo General y de las tres quintetas para las consejerías electorales que quedarán vacantes”, lo cual es necesario ya que la evaluación que puede llevar a cabo el Comité Técnico varía entre ambas.
En cuanto a la paridad, compartió también la necesidad de que se definan reglas claras para efecto de garantizar que las mujeres realmente puedan acceder a cargos del Consejo General. “La manera en la que está establecido en la convocatoria (es) muy general”, dijo.
Igualmente, respaldó la autonomía del Comité Técnico de Evaluación, encargado de examinar y evaluar los perfiles de todas las candidaturas para ocupar una consejería electoral.
La propuesta también fue aprobada por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.