Cecilia Guillén, dirigente de la asociación En Primera Persona, explicó que esta proporción de representatividad fue reconocida desde 2021 por el Instituto Nacional Electoral (INE), en acatamiento a varias resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero que ahora estos espacios se reducirían con el plan B.
“El principal retroceso en derechos que implica el plan B es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad, solo 25, para todos estos grupos. Y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.
“Las acciones afirmativas no son gestos de buena voluntad, no son concesiones desde el poder. Se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice y que represente a todas las personas que habitamos este país”, sostuvo.
Al mismo tiempo, las organizaciones presentaron ante un juzgado de distrito un amparo contra las reformas a los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contienen los cambios que denuncian.
Entre las organizaciones que promovieron el juicio están el Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción A.C., Colectivo de Personas con Discapacidad, Educación Especial Hoy, Empodera T CDMX, Federación Nacional de Sordociegos de México A.C., Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad (FINDEDIS), A.C., LGBT+ Rights México, Movimiento PcD, Mano Amiga de la Costa Chica A.C., YAAJ México, Red para la Inclusión de las Personas con Discapacidad A.C. (RENAC), Yo También. Discapacidad con todas sus letras, entre otras.