Ya aparece listado para votarse en la segunda sala del máximo tribunal el proyecto de este asunto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, pero no se hizo público el sentido del fallo propuesto.
Se trata del decreto que reformó las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), publicado el 27 de diciembre del año pasado, que recorta el gasto en propaganda de los gobiernos estatales y establece sanciones a quienes violen dichos límites.
Legisladores de minoría, así como gobiernos estatales y municipales de oposición, impugnaron estos cambios pues afirman que invaden sus atribuciones constitucionales y los dejan en condiciones de desventaja para promocionar sus posibles avances y logros.
En febrero pasado, el ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión de estas normas, pero únicamente para el Estado de México y Coahuila, pues consideró que, como en estas entidades habrá elecciones el próximo 4 de junio, se superó el plazo de veda para modificar leyes electorales.
Inconforme con la suspensión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó el recurso de reclamación 27/2323-CA.
Para tomar la decisión sobre si la suspensión se mantiene o se levanta, la SCJN requiere de una mayoría simple de tres de los cinco ministros de la segunda sala.
Si se decide revertir la suspensión, las reforma a la LGCS y a la LGRA volverán a tener aplicación en todo el país, en caso contrario, continuarán suspendidas en el Estado de México y Coahuila hasta que la SCJN defina si son o no constitucionales.
Aún está pendiente la admisión de otro recurso similar de la CJEF, el interpuesto el viernes pasado, en contra de la suspensión de la segunda parte del Plan B en todo el país, dictada por el ministro Javier Laynez Potisek.