Con una mayoría de 4 a 2, fue rechazado el proyecto elaborado por la ponencia de Janine Otálora el cual proponía declarar la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del estatuto, aprobado en el congreso nacional morenista de septiembre pasado, con base en el cual se aprobó alargar esa gestión que originalmente concluía en agosto próximo.
El argumento central del rechazo mayoritario (solo votó a favor la ponente Janine Otálora y el magistrado presidente Reyes Rodríguez) fue que los partidos políticos tienen la facultad de organizarse y definir su estrategia conforme mejor les convenga (autodeterminación).
Una veintena de personas que interpusieron la demanda, encabezados por John Ackerman, ingresaron a la sesión pública pero apenas se definió la tendencia adversa interrumpieron a gritos al orador, salieron y aseguraron que hubo un acuerdo político para favorecer a Delgado, a cambio de dejar sin efectos la reforma que proponía limitar las atribuciones del máximo electoral del país.
Debido a que las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF son definitivas e inatacables, los inconformes señalaron que acudirán a instancias internacionales.
La magistrada ponente dijo que las prórrogas solo son válidas solo en casos extraordinarios, por lo que esta “no tiene asidero jurídico”.
Indicó que en el citado congreso hubo violaciones procesales, particularmente porque el punto específico de la prórroga fue incluido un día antes de la realización del congreso, lo cual viola – según el criterio de la ponente- la integridad electoral y la certeza.
Sostuvo además que la Constitución prevé la realización de las elecciones de manera periódica y los partidos políticos no están exentos de ese principio.
Adujo además que se viola con ello el principio de la cosa juzgada, en el sentido de que la aprobación original de la gestión de Delgado y Hernández culmina en agosto de 2023.
En contra del criterio de la magistrada ponente se pronunciaron los magistrados Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y José Luis Vargas. No asistió a la sesión la magistrada Mónica Soto.
Los opositores ponderaron el factor de la autodeterminación y auto organización de los partidos políticos, y que los estatutos de Morena reconocen al Congreso de este partido la facultad de decidir sobre sus documentos válidos, por lo que jurídicamente es válida la decisión del congreso en torno a la prórroga.
“No hay evidencia de que se haya ocultado información a los congresistas ni supresión del derecho de la militancia”, señaló Infante.
En términos similares se manifestó el resto de los magistrados, quienes citaron que 62 por ciento de los congresistas votaron en favor de los cambios.
Vargas fue más allá al plantear la pregunta de hasta dónde tiene facultad el TEPJF de llegar en cuanto a la vida de los partidos políticos.