– Al sesionar este lunes 25 de septiembre la Diputación Permanente del Congreso Local, aprobó reformar la Constitución Política del Estado para que, en lo sucesivo, no sea necesario el aval de los ayuntamientos en asuntos relacionados con modificaciones a la ley máxima de la entidad.
Dicha resolución es un primer paso para echar abajo otro despropósito del pasado gobierno cabecista que, al involucrar en el proceso legislativo a los cabildos, (aprovechando que más de la mitad están en poder de incondicionales panistas), pretendía hacer irreversibles infinidad de disposiciones urdidas de última hora, todas para proteger intereses personales.
Para que la reforma aprobada ayer cobre vigencia, será necesario el visto bueno del pleno de los diputados, lo que es altamente factible, dado que hay disposición mayoritaria para echar abajo esta perversidad cabecista, que pretendía seguir mandando más allá de su período constitucional.
Es interés de los diputados que no están al servicio del ex gobernador Cabeza de Vaca, recuperar en exclusiva para el Congreso dicha facultad legislativa, pues saben que así restaurarían la autonomía perdida en los últimos meses del sexenio anterior, por órdenes de CDV.
Como es sabido, en los estertores del desgobierno cabecista, una vez que el PAN recibió el castigo de las urnas, el ex mandatario empezó a realizar urgentes reformas, cambios y nombramientos de última hora, con la pretendida intención de “blindarse” e impedir que la justicia le hiciera pagar su infinidad de fechorías.
Al recuperar la facultad exclusiva de legislar en materia constitucional, el Congreso podrá continuar desmantelando el entramado del exgobernador, que después de saquear y dañar a Tamaulipas hasta el último día de su mandato, salió huyendo al extranjero para disfrutar impunemente del dinero sustraído de las finanzas públicas.
Cierto es que ya cayó el fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, pero faltan muchos entuertos por recomponer, porque numerosos bastiones del pasado siguen intactos. Ahí siguen el fiscal general, el Auditor Superior, los magistrados y tantos otros mastines protectores de la corrupción y del retroceso.