Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, reconoció que hay temas a mejorar en el Poder Judicial, pero afirmó que éstos se tienen que combatir por medio de las vías adecuadas.
Satterthwaite agregó que: “Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no califican como un método efectivo para combatir la corrupción. Por el contrario, amenazan con influir indebidamente en el personal judicial”. [Fotografía. Angela Weiss/AFP]
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la Independencia de los Jueces y Abogados, reclamó los constantes ataques que recibe el Poder Judicial desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador.
Según Satterthwaite, este hostigamiento y abusos están dirigidos a influir en las decisiones judiciales.“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como “corruptos” o “delincuentes” por sus decisiones es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del Poder Judicial”, sostuvo la relatora especial.
“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños a causa de su trabajo o del contenido de sus decisiones y sentencias independientes”, expuso.
La experta reconoció que hay temas a mejorar en el Poder Judicial, pero afirmó que éstos se tienen que combatir por medio de las vías adecuadas, y no en las mañaneras.
“Si bien la corrupción judicial es un tema grave, los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso”, aseveró.
En abril de 2024, la relatora especial ya había documentado las presiones que ha ejercido el titular del Ejecutivo, por lo que recomendó ejercer medidas para proteger la labor de los juzgadores.
Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que: “La reforma planteada al Poder Judicial y la celeridad con la que pretende discutirse, puede minar de forma irreparable la confianza para invertir en México, pues se advierte como una iniciativa que restaría independencia a ese poder y debilitaría al Estado de derecho”, apuntó el organismo.