El diputado Ignacio Mier dijo que la elección de magistrados y jueces se realice de manera gradual y escalonada, con una primera elección extraordinaria el 1 de junio de 2025, para renovar a los 11 ministros de la SCJN.
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En esa elección extraordinaria, indica la nueva propuesta de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, también se elegirá al 50 por ciento de los magistrados y todas las vacantes, cesantías y retiros de jueces. En esa primera fase se estarán renovando unos 800 cargos en todo el Poder Judicial.
Los actuales ministros podrán participar en la elección por voto universal de manera automática, sin necesidad de pasar por evaluaciones previas, mientras que los magistrados en ejercicio también tendrán derecho a ese “pase automático”, al igual que los jueces que podrán concursar para ser magistrados.
Una siguiente renovación ordinaria de los juzgadores se daría en 2027, de manera concurrente con los comicios federales intermedios de ese año a cargo del Instituto Nacional Electoral.
Al anunciar que las tres bancadas presentaron un documento conjunto con 100 cambios a la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial Federal, Ignacio Mier detalló que 60 de esos ajustes se derivaron de las participaciones de trabajadores y juzgadores en los foros de consulta.
En conferencia de prensa, el diputado de Morena afirmó que las propuestas de la coalición oficialista garantizan la certeza jurídica del proceso de elección de los futuros juzgadores y su idoneidad, así como el respeto a sus derechos laborales.
Morena y aliados realizan más de 100 cambios a iniciativa de AMLO
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aseguró que los más de 100 cambios propuestos en el documento de la coalición, mismo que le entregaron desde el jueves, son “de forma y de fondo” en procedimientos, trámites, creación de órganos de evaluación, posibilidades de participar, doble evaluación en todas las jerarquías de la Judicatura y estados.
“Habrá tres órganos de evaluación, uno en cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que van a revisar los expedientes, los antecedentes de cada quien, para dar como resultado un grupo de candidatos para cada uno de los cargos”, detalló Robledo Ruiz.
Enfatizó el presidente de la Comisión que, en la elección participarían los seleccionados junto con los juzgadores actualmente en funciones que “por ministerio de ley de este decreto la posibilidad de participar sin ningún otro requisito ni evaluación, solamente por desear participar para repetir en el cargo”.
Robledo aclaró que también podrán aspirar a un cargo mayor, en el caso de los jueces, a ministros o a magistrados.
Detalló el responsable de la instancia que hará el dictamen de ley que los aspirantes externos al actual PJF tendrán dos evaluaciones para determinar su idoneidad: una previa a convertirse en candidatos y otra durante el primer año de ejercicio del cargo.
“El Tribunal Disciplinario los sancionará, los revisará, los pondrá a trabajar, a capacitarse más y sino serán retirados; hay una serie de mecanismos que aseguran que los mejores mexicanos y las mejores mexicanas van a estar funcionando en un poder muy abierto y democratizado del año que entra en adelante”.
Enfatizó Robledo Ruiz que los juzgadores que no aspiren a participar podrán retirarse con todos sus haberes, prestaciones y “todo lo que tienen hoy y que les da bienestar en su trabajo”.
Adelantaron ambos legisladores que se prevé el mecanismo de la insaculación cuando exista una cantidad de propuestas que rebasen la posibilidad de concursar en las urnas.
“Harán campañas fuera de lo acostumbrado; nada de territorio, nada de propaganda; fuera partidos; exposiciones de sus conocimientos, proposiciones y pretensiones en lo individual o en los medios de comunicación que quieran abrir sus espacios”, enumeró el presidente de la Comisión.
Se espera que este viernes sea presentado el dictamen de reforma que incorporaría dichos cambios propuestos por la coalición legislativa mayoritaria.
Adelantó el presidente Robledo Ruiz que a partir de la circulación de ese proyecto de ley correrá un plazo de 10 días para su análisis y ajuste por parte de todas las bancadas.