Tuesday, October 1, 2024
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“Reforma Judicial no resolverá rezago”; marchan trabajadores del PJF al Congreso local

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una caminata extenuante, playeras blancas rotuladas con letras negras, jeans, gorras, lentes, tenis y sombrillas, así llegó un contingente de poco más de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación pertenecientes al Decimonoveno Circuito Judicial a las puertas del Congreso de Tamaulipas.

Ayer, desde el primer minuto, estalló el paro nacional dejando a los Juzgados de Distrito paralizados en todo el país, reviviendo lo que sucedió durante la pandemia de Covid-19 a principios del 2020, pero esta vez azuzado el cese de actividades por la inminente Reforma al Poder Judicial, cuya premisa es la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular.

“Poder Judicial, contrapeso nacional”, se oye al unísono como la principal consigna de estos trabajadores que recurrieron al paro y a salir a las calles ante la sacudida que desde el Ejecutivo nacional se fragua bajo el argumento de que este poder se encuentra rendido a los intereses políticos y económicos y no a la verdadera impartición de justicia.

Juan Gelacio David Márquez López, secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito, quien llega al frente del contingente y que desde ayer se convirtió en el portavoz del movimiento en la capital del estado, asegura que la votación popular en nada ayudará a resolver la problemática que aqueja al Poder Judicial de la Federación y que es la sobrecarga de trabajo y el rezago de expedientes.

“Una reforma debe construir, debe mejorar una institución, no destruir lo que ha costado tanto al Estado mexicano, la carrera judicial es un aliciente para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación”, dice.

El sol del mediodía hace sudar sin piedad a los manifestantes que lucen impacientes por llegar a la sombra que brinda la escalinata del edificio legislativo, pero Márquez López se toma unos minutos más para explicar lo que, a su consideración, es el verdadero reto que enfrenta el Poder Judicial de la Federación.

“Por lo menos cada juzgado tiene alrededor de 2 mil 800 expedientes por año, Ciudad Victoria en Tamaulipas sus juzgados son los que albergan más trabajo pues están todas las autoridades estatales”, señala.

Esto, explica, ha llevado a una sobrecarga de trabajo que ha derivado en el planteamiento de urgir la apertura de un nuevo Juzgado de Distrito en la ciudad.

Además, asegura desconocer por qué los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas no han levantado la voz y se mantienen hasta este momento al margen del paro nacional, y vuelve a cuestionar los alcances de la reforma para llegar al fondo de la problemática que atraviesa este poder.

“Explíqueme cómo el voto popular podrá ayudar al rezago en todos los juzgados, que alguien me explique”, dice.

Y para sostener sus dichos recurre a las cifras, revelando que en cada juzgado de Distrito hay una plantilla laboral de 45 personas, mientras que en los tribunales colegiados de circuito es de 60 personas, al estar confirmados por 3 ponencias más una mesa de trámite que se encarga de llevar la primera parte de los juicios de amparo y los recursos de revisión y de inconformidad.

El contingente continúa su marcha y se detiene justo enfrente de la puerta principal de acceso que ya se encuentra cerrada con pequeñas tablas que sirven de candado, pero esto no inquieta a los manifestantes que pacientes y en medio de más consignas esperan a que una comisión sea recibida por la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Salazar Mojica.

Finalmente entra una comisión representante encabezada por Márquez López y por el Magistrado Octavio García, y así, al menos hoy, expondrán sus inquietudes ante el Congreso local, que de aprobarse la reforma en septiembre próximo tendrá que homologarla y en un periodo de 6 meses convocar a la elección de magistrados y jueces en el Estado.

Mientras tanto, el paro continúa de manera indefinida bajo la postura de los trabajadores del PJF de sólo recibir los asuntos urgentes que tengan que ver con amparos en cuestiones médicas u órdenes de aprehensión por delitos como homicidio.

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