El diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna resaltó que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la Suprema Corte ya que representa al pueblo.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para “sellar” el veto a la Suprema Corte para pronunciarse e ir contra las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.
Dice que está clara en la Constitución su incompetencia, pero argumenta que “debe quedar plasmado en la ley que ocho ministros no pueden suprimir la voluntad del pueblo”.
A través de su diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien es vicepresidente de la Cámara, presentó un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que “busca establecer con claridad los alcances y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Se trata -explica la iniciativa- de reafirmar que las controversias que este órgano jurisdiccional debe resolver son aquellas que surgen en su interior o dentro del Poder Judicial.
El legislador explicó que “en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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El diputado de Morena también resaltó que el poder reformador de la Constitución no puede ser revisado por la Suprema Corte ya que representa al pueblo.
“Debe quedar plasmado en la ley que ocho personas no pueden suprimir la voluntad del pueblo. La Suprema Corte no admite que la mayoría y la decisión está en el Congreso y que ya se tomó una decisión”.
Por lo anterior, Gutiérrez Luna consideró que la reforma es esencial para evitar interpretaciones ambiguas sobre las competencias de la Suprema Corte, reafirmando la autonomía del Poder Judicial y garantizando que su actuación no interfiera con las funciones del Poder Constituyente Permanente, encargado de llevar a cabo las reformas constitucionales.
La modificación también refuerza la estabilidad institucional del Poder Judicial, al evitar que la SCJN sea utilizada en disputas de carácter político o ideológico.
“Las reformas constitucionales, como expresiones de la soberanía popular, no pueden ser objeto de controversia judicial ante la Corte”, puntualizó el legislador.