Ahora que han iniciado los foros de consulta desde el Consejo de Negocios Regional, manifestamos que la reducción de la jornada laboral en México puede convertirse en una palanca transformadora para el desarrollo humano y económico del país, siempre que sea acompañada por incentivos fiscales estructurados, una visión estratégica de largo plazo hacia la productividad y un enfoque de corresponsabilidad entre trabajadores, empresas y gobierno.
Consideramos fundamental que esta reforma no se limite a una modificación normativa aislada, sino que forme parte de una política pública integral que fomente la productividad, incentive la formalidad y promueva el bienestar de las personas y el equilibrio de vida – trabajo sin comprometer la viabilidad de las empresas que generan empleo y valor económico.
Hoy, muchas de las prestaciones que otorgamos las empresas en el marco de un capitalismo social —como servicios de salud, apoyo educativo, alimentación y programas de bienestar— no son completamente deducibles en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual limita su alcance y sostenibilidad. Es momento de revisar estos criterios para fomentar el desarrollo social desde las empresas y apoyar la calidad de vida de los colaboradores.
Algunas propuestas estarían centradas en:
1. Deducibilidad total de prestaciones de previsión social para efectos del ISR, reconociendo el valor de las inversiones empresariales en salud, educación y bienestar.
2. Creación de estímulos fiscales vinculados al cumplimiento de estándares de trabajo digno, incluyendo certificaciones ligadas a normas oficiales como la NOM-035 (riesgos psicosociales) y la NOM-036 (ergonomía).
3. Reconocimiento fiscal a través de un sello de empresa comprometida con el bienestar, que permitan apoyos financieros blandos desde programas de fomento al desarrollo de las empresas y la deducción inmediata en inversiones relacionadas con la automatización, digitalización y aumento de la productividad.
La discusión debe centrarse no sólo en cuántas horas se trabaja, sino en cómo se trabaja y en qué condiciones se genera valor. Esto exige un diálogo tripartito constante, gradualismo en la implementación y herramientas fiscales que impulsen un modelo productivo sostenible y justo. Según diferentes estudios en México el colaborador promedio trabaja o pasa un 23% más tiempo en las empresas que en otros países de la OCDE.
Especial cuidado deberemos tener en la implementación gradual de una reforma como esta en las MYPIMES que son el corazón y fortaleza de las empresas en México y que muchas de ellas no cuentas con estructuras suficientes desde la parte operativa y financiera para implementar un cambio como este sin contar con asesoría, financiamiento y mejoras en su productividad.
Reiteramos que desde el sector empresarial estamos comprometidos con una visión de bienestar compartido. Pero para que esta reforma cumpla su objetivo sin afectar el crecimiento, es necesario actuar con inteligencia fiscal, diálogo social y responsabilidad económica.