*Madres buscadoras de «Amor por los Desaparecidos» solicitarán renovar Fiscalía de Desaparecidos.
Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.– La crisis de desapariciones en Tamaulipas colocó de inmediato bajo escrutinio al nuevo fiscal general del estado, luego de que colectivos de búsqueda advirtieran un rezago forense que podría tardar hasta 70 años en resolverse si no se toman decisiones de fondo y se renueva la estructura encargada de atender estos casos.
José Andrés Méndez Ñeco, portavoz del “Colectivo Amor por los Desaparecidos”, reconoció la disposición del fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, para abrir el diálogo directo con madres buscadoras, una práctica inédita —afirmó— frente al cerco institucional que mantuvieron administraciones anteriores.
Sin embargo, dejó claro que la apertura política deberá traducirse en acciones concretas, particularmente en la renovación total de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a la que acusó de estar “viciada” y sin capacidad operativa para enfrentar la magnitud del problema.
“Ya no queremos a las mismas personas; hay malicia y prácticas desgastadas dentro de estas corporaciones”, señaló.
Los colectivos mantienen 69 puntos pendientes de procesar relacionados con presuntos sitios de exterminio: 26 detectados desde 2004, 43 localizados en 2025 y un punto adicional denominado El Pozo del Terror, descubierto en enero de 2024. La carga, denunciaron, ha sido atendida de forma fragmentada, con apenas cinco días al mes asignados a labores periciales y con personal insuficiente.
El resultado, advirtió Méndez Ñeco, es un rezago forense que refleja la incapacidad histórica del Estado para responder a la crisis de desapariciones y que hoy representa uno de los mayores pasivos políticos y humanitarios para la nueva administración de justicia en Tamaulipas.
Esta semana, integrantes del colectivo acudirán a esta capital para entregar un oficio formal y solicitar una reunión con el fiscal general, en la que exigirán una agenda de trabajo permanente, coordinación con ministerios públicos y fiscales especializados, así como recursos humanos y técnicos suficientes.
“Que haya puertas abiertas es importante, pero ahora toca demostrar que el cambio es real”, sentenció.