Una crisis por el agua puede tener impactos económicos y alimentarios, así como traer conflictos sociales, señalan especialistas
México no está en una situación de “bancarrota hídrica”, pero enfrenta señales preocupantes de sobrexplotación de sus reservas, con un 44 por ciento de sus acuíferos en disponibilidad media o negativa y regiones como el Valle de México extrayendo casi el doble del agua que recuperan naturalmente.
Así lo advirtió a EFE Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red de Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la Unesco, quien participó en la Semana Mundial del Agua celebrada recientemente en Estocolmo.
“México no está en una bancarrota hídrica, pero también es cierto que sí enfrentamos una situación compleja”, matizó.
De los 653 acuíferos registrados en el país, explicó, el 44 por ciento presenta una disponibilidad media o negativa, lo que implica que en numerosos casos se extrae más agua de la que puede recargarse naturalmente.
Uno de los focos más preocupantes es el Valle de México, donde “estamos extrayendo prácticamente el doble de lo que se recarga de manera natural”, una situación que, según Arriaga, pone en riesgo la sostenibilidad de agua de la región a largo plazo.
Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, coincidió en que el principal desafío mexicano reside en la gestión del agua.
“Sí hay agua”, afirmó el experto, quien señaló como áreas prioritarias la modernización del campo, que concentra el 76 por ciento del consumo, y la reducción de las pérdidas en las redes urbanas.
Arriaga consideró que todavía existe margen para revertir el deterioro, pero advirtió de que las consecuencias recaerán especialmente sobre las poblaciones con menos recursos, que ya destinan una mayor proporción de sus ingresos a suplir servicios discontinuos.
Sin acelerar las medidas, alertó, la crisis puede traducirse no solo en impactos económicos y alimentarios, sino también en “conflictos sociales y pérdida de legitimidad de las instituciones” encargadas de administrar el agua.

