Primero fue el conflicto por el edificio, ahora, una multa de 640 mil pesos. En ambos episodios está la preparatoria Francisco Medina Cedillo como protagonista, una comunidad que se resistió a los planes del gobierno municipal de Tampico y que hoy teme quedarse sin clases.
La secuencia de los hechos da pie al “sospechocismo” y permite darle lectura política con la suposición de una venganza.
No es una afirmación, pero los hechos si dejan la duda de que responden a una orden de la alcaldesa para sancionar al plantel, de ella o de la bola de achichincles de los que se rodea para que la vanaglorien, no hay evidencia, sin embargo, lo que sí existe es un antecedente que merece recordarse.
En diciembre de 2025, madres y padres de familia se opusieron al proyecto del Gobierno de destinar el inmueble de la preparatoria para la creación de un nuevo CBTis.
Mientras en Cabildo se daba trámite al proceso que eventualmente obligaría al desalojo de la Prepa, los trabajadores de la institución apoyados por padres y madres de familia y de los alumnos, llamaron a los medios y armaron tal alboroto que la presidente municipal se apersonó.
La alcaldesa Mónica Villarreal, con total falta de liderazgo, sin argumentos sólidos ni creíbles, sin la capacidad de controlar el debate -que más bien era pleito-, acudió al plantel y encontró una comunidad dispuesta a defender su escuela.
Hubo reclamos, discusión y rechazo a una propuesta que el gobierno presentaba como una ampliación de las oportunidades educativas, pero casi no la dejaron hablar, la echaron en corrida y ella se empezó a hacer chiquita, hasta que solita emprendió la huida.
No hubo uno sólo de sus múltiples achichincles que le ayudara, nadie la asesoró previamente -o no se dejó- y cuando se le vino la turba encima, tampoco nadie le dijo “mi Mony, lastas regando gacho”.
A ver, el proyecto podía tener argumentos entendibles, como el abrir espacios de bachillerato, porque acercar opciones de estudio es una tarea necesaria. Pero las familias también tenían derecho a preguntar qué pasaría con la institución donde estudian sus hijos.
Después del enfrentamiento, la Secretaría de Educación de Tamaulipas negó que hubiera un plan de desalojo y sostuvo que se analizaban alternativas para la sede del nuevo CBTis, y la continuidad educativa quedó en el centro de las promesas oficiales.
Hoy, meses después, la Prepa Medina Cedillo enfrenta una multa que su directora Sonia Corona, considera impagable, y según su testimonio, el plazo de cinco días para cubrirla venció el 29 de septiembre.
La escuela se sostiene con las aportaciones de su comunidad y el patronato no tiene dinero para cubrir el monto de la sanción, así que mientras un abogado atiende el asunto, alistan clases en línea para 318 alumnos ante la posibilidad de una clausura.
De ahí surge la duda de si será esta una reacción fría y calculada, consecuencia de la falta de entendimiento y de los gritos con los que corrieron a Mónica de la Prepa.
Porque las familias que hace unos meses escucharon que nadie iba a desalojarlas, ahora tienen que preguntarse si sus hijos podrán seguir entrando al plantel.
Y ahí aparece Protección Civil de Tamaulipas, el coordinador Luis Gerardo González de la Fuente dijo que la escuela no cuenta con un programa interno de seguridad, que hubo una inspección, una notificación, un apercibimiento y finalmente una multa por incumplimiento.
Según el funcionario, desde hace cuatro años no tienen documentación del plantel y ahora -oportunamente- se dieron cuenta.
Aquí hay que detenernos tantito, porque tampoco se trata de defender a la directora nada más porque tuvo un enfrentamiento con la autoridad, si la prepa no ha cumplido con sus obligaciones de seguridad, tiene que hacerlo.
Los alumnos necesitan instalaciones revisadas, rutas de evacuación, personal capacitado y condiciones para enfrentar una emergencia, y ninguna diferencia política justifica dejar esos pendientes sin atender. Hasta ahí, de acuerdo.
El problema es explicar por qué tienen que pagar 640 mil pesos. ¿Cómo calcularon esa cantidad? ¿Qué incumplimientos corresponden a cada parte de la sanción? ¿Cuántas escuelas con faltas equivalentes han recibido multas de ese nivel?.
Porque una cosa es aplicar un criterio y otra que no podamos conocer cuál fue, y si PC tiene perfectamente documentado su procedimiento, debería poder explicar el monto y desglosarlo con la misma claridad con la que Gerardo explica la necesidad de contar con un programa interno de seguridad.
Y si llevan cuatro años sin recibir documentación, también sería interesante saber qué hicieron durante esos años, cuántos requerimientos enviaron y qué respuestas obtuvieron. No para justificar a la escuela, sino para revisar la actuación de ambos, ¿o se hicieron gansos?.
La directora dijo que han comenzado a atender las observaciones y que buscaban una reunión para explicar las condiciones del plantel, pero la cita era el 23 de septiembre y la multa les llegó el 22.
La secuencia ayuda muy poquito a quienes quieren convencer a las familias de que hubo disposición para escucharlas, sobre todo después de aquel pleito por el edificio.
Ese antecedente vuelve incómodo el expediente, la escuela sancionada es la misma que se resistió al proyecto que defendía Mónica Villarreal Anaya, hermana del Gobernador de Tamaulipas, quien a su vez es cabeza de donde, en escalerita, llega a ser jefe de los Protección Civil, quienes después de 4 años haciéndose gansos, hoy si aplican tremendo multón.
No estamos hablando de una orden de Mónica que alguien haya denunciado, ni de una llamada acreditada, ni de un documento que vincule a la alcaldesa con la decisión de multar.
Estamos hablando de una sospecha política que necesita respuestas, y que no desaparece nada más porque la sanción trae el nombre de una dependencia estatal.
Mónica podrá decir que Protección Civil no depende del Ayuntamiento, y tendrá razón, pero eso no quita que ella participó en el conflicto y ofreció una salida mediante el diálogo.
Si estuvo para defender el proyecto, también debería estar para ayudar a resolver el problema.
Pero no alcanzan a entender que un gobierno no puede presentarse como protagonista cuando anuncia oportunidades educativas y después sólo convertirse en espectador cuando la comunidad, con la que discutió, podría quedarse sin escuela.
Puede gestionar ayuda técnica, promover una reunión con las partes, explicar qué pretende actualmente el Ayuntamiento con el inmueble y pedir que se conozcan los fundamentos de la sanción. Eso también es gobernar, aunque no venga con aplausos.
Y aquí la preocupación debería estar en los 318 estudiantes, porque ninguno decidió el proyecto del CBTis, ni calculó la multa o integró el programa de PC, pero serían ellos quienes tendrían que modificar su forma de estudiar si se concreta el cierre.
Hasta ahora tenemos una directora que dice que la multa es impagable, una autoridad que sostiene que el incumplimiento viene de años y una disputa por el edificio que sigue atravesando toda la historia.
Mónica quiso convencer a las familias de que su proyecto les ofrecía un mejor futuro, ahora tendrá que convencerlas de que rechazarlo no les está costando 640 mil pesos.