Dice un refrán popular que en “la guerra y en el amor todo se vale”. Pero, pareciera que la legisladora del PVEM, Casandra de los Santos, aplica esta máxima una y otra y otra vez, buscando siempre lograr su cometido: hacerse de un cargo público como lo hizo en el pasado 2019. Y claro que a Casandra le ha funcionado, pero, ¿le habrá de volver a funcionar esta estrategia para 2027? A mi me parece que ya no.
En política, las coincidencias suelen despertar preguntas y en ocasiones muchas interrogantes. Pero cuando una misma figura pública hace varias denuncias similares, es tiempo de desplegar un análisis serio.
Casandra de los Santos ha denunciado haber sido víctima de agresiones en varias ocasiones, pero entre sus denuncias sobresalen dos momentos distintos de su trayectoria política, en donde dos de ellas sobresalen, justamente, en procesos electorales, 2019 y 2026. Y entonces las preguntas dejan de ser un asunto menor, para convertirse en una exigencia de esclarecimiento. ¿Hechos reales o estrategia electoral? ¿Verdad o mentira? ¿Denuncias o narrativa política?
Este sábado, llamó poderosamente mi atención una nota publicada en el periódico El Norte de Monterrey, bajo el título “Denuncia diputada ataque en Tamaulipas; pide protección”, firmada por el periodista Miguel Domínguez.
En el cuerpo de la nota, la diputada federal por el Tercer Distrito Electoral, con cabecera en Río Bravo, Cassandra de los Santos, y legisladora del Partido Verde Ecologista de México, denunció haber sido “víctima de un ataque con arma blanca en una colonia irregular de ese municipio fronterizo”, donde reside.
Así lo explica el periodista: “la legisladora del Partido Verde relató que, luego de reunirse con amigas y colaboradoras, se dirigía a su camión para regresar a casa, cuando fue atacada por varios sujetos. Uno de ellos la hirió con una navaja en el costado derecho del abdomen, provocandole una lesión de 15 centímetros.”Y aunque la agresión ocurrió el sábado pasado -10 de octubre-, debido a la gravedad de la herida -dice ella- y a sus antecedentes clínicos, la diputada tuvo que ser hospitalizada, ingresando al nosocomio “con un nivel de glucosa de 409”. Y entonces tardó ocho días para realizar la denuncia pública.
Y entonces, el caso de Casandra, merece una revisión seria, sin especulaciones, sin condenas anticipadas y, sobre todo, sin que el ruido de la disputa política termine por sepultar lo verdaderamente importante: la verdad. ¿Por qué Casandra no denunció el ataque de inmediato a su líder parlamentario? ¿Por qué no denunció el ataque tampoco al secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfush? ¿Por qué no lo denunció ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum o, mínimo, ante la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez? Son cuestionamientos que tienen peso, sobre todo cuando la legisladora tiene acceso a todos estos personajes.
Le decía yo que, según el relato de la legisladora, los hechos ocurrieron desde el 10 de octubre pasado, en Río Bravo, y aseguró que un hombre con el rostro cubierto la atacó cuando salía del domicilio de una colaboradora, provocándole una herida en el costado izquierdo del abdomen. Además de denunciar la agresión, la legisladora federal también solicitó mayores garantías de seguridad para continuar con sus actividades legislativas y sus recrridos por el distrito que representa.
¿El hecho es grave? Por supuesto que sí. Sin embargo, al momento del análisis aparece un antecedente que inevitablemente devuelve la mirada hasta enero de 2019, hace siete años, cuando Casandra de los Santos era regidora independiente del Ayuntamiento de Río Bravo. El 21 de enero de ese año, el periódico La Capital publicó información sobre una denuncia en la que la entonces integrante del Cabildo relató que dos mujeres la habían agredido físicamente frente a sus hijos.
Según la versión echa pública en aquel entonces, una de las mujeres la golpeó en el abdomen y la agresión habría estado acompañada de expresiones relacionadas con su respaldo político a Miguel Ángel Almaraz. Y entonces, la regidora presentó una denuncia ministerial y pidió que se investigaran los hechos.
Tamaulipas se encontraba entonces en la ruta hacia las elecciones del 2 de junio, cuando se renovará el Congreso local. Y siete años después, la diputada federal vuelve a denunciar una agresión, pero ahora en la antesala de los comicios de 2027, en los que se renovarán ayuntamientos y diputaciones locales en el estado. ¿Casualidad? ¿O estrategia política de Casandra?
La secuencia temporal resulta muy relevante para este análisis periodístico. Y entonces conviene establecer una línea fundamental entre ambos hechos: que ambas denuncias se presentaron en contextos electorales. Y, entonces por ello debe realizarse una investigación exhaustiva con pruebas y denuncias que no han sido las únicas. Casandra a lo largo de su vida pública ha denunciado otros ataques en su contra, más de dos, pareciera que para causar lástima y controversia y buscar la solidaridad y la lástima del electorado.
En el episodio más reciente, De los Santos aseguró que desde marzo había enfrentado situaciones que consideró sospechosas y que por ello solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, lo que causa mucho ruido porque la política mexicana conoce demasiados episodios en los que las acusaciones se convierten en armas de confrontación y de promoción antes de que existan conclusiones ministeriales.
Y un dato que destaca por sí sólo: la presencia en la rueda de prensa encabezada por Casandra de los Santos, del dirigente estatal del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, y de la senadora, también Verde, la chihuahuense Maki Esther Ortiz Domínguez, durante el pronunciamiento público de la diputada, lo que demuestra que el caso adquirió relevancia política dejando lo judicial en segundo plano como ha ocurrido con este personaje una y otra vez. Pero el respaldo de sus compañeros de partido no debe ni puede sustituir las pruebas, las denuncias, ni las diligencias que deben realizar las autoridades judiciales. Y en este escenario la solidaridad puede ser legítima, pero la investigación, es obligada.
El caso, entonces, plantea una agenda concreta de preguntas para las instituciones responsables de seguridad: esclarecer la agresión denunciada en octubre, informar sobre las medidas de protección solicitadas, precisar qué autoridad tiene a su cargo la investigación y ofrecer, en la medida legalmente posible, información sobre el desenlace del expediente de lo ocurrido en el año 2019. En este asunto, siete años separan dos denuncias de agresión y dos momentos electorales. Esa coincidencia merece atención.
La pregunta de fondo no es quién consigue imponer primero su versión en la arena política. La pregunta es si las instituciones serán capaces de establecer qué ocurrió, identificar a los responsables, si los hay, y garantizar que ninguna persona sea agredida por razones políticas o de cualquier otra índole. Vamos, los ciudadanos exigimos saber la verdad: ¿violencia o estrategia política?
En una democracia, la violencia no puede ni debe ser una forma de participación política, la impunidad no puede convertirse en costumbre y la verdad no debería depender del partido al que pertenezca quien la reclama. El hecho, grave es, en sí mismo, por la violencia que entraña y por involucrar a una representante popular. Y es que la historia se repite con una precisión casi quirúrgica en el calendario político.
Y la respuesta no le corresponde a la especulación política, sino a las autoridades de procuración de justicia. La Fiscalía General de la República tiene en sus manos la responsabilidad de esclarecer con celeridad y rigor pericial los hechos reportados el pasado 10 de octubre. Una investigación seria, transparente y sin sesgos partidistas es urgente: primero, para salvaguardar la integridad de la diputada si existe un riesgo real; y segundo, para evitar que la procuración de justicia sea utilizada —o percibida— como una herramienta de propaganda en los tiempos del voto.
Tamaulipas exige claridad. La ciudadanía merece saber si las agresiones denunciadas son un síntoma preocupante de la inseguridad que permea en la contienda o si forman parte del folclore de la política electoral local.
Por lo pronto a mi, como observador de la política, me causa mucho ruido lo que le está ocurriendo a la legisladora federal Casandra de los Santos, y me parece que el hecho podría ser una estrategia político-electoral, dadas las circunstancias que lo envuelven. Y le comparto un dato adicional: Casandra de los Santos busca ser alcaldesa de Río Bravo, cargo que se renovará el próximo 2027, lo que agrega a la denuncia un hecho político más, hecho que podría dar luz a los investigadores del acto de violencia, si es que este existió.
Y no es que uno sea mal pensado, pero mi abuelita siempre decía: “Piensa mal y acertarás”. Y recapitulando sobre este asunto: si tiene plumas, grazna y camina como pato, sin duda es Casandra de los Santos.
- 1. En Francia, las movilizaciones que comenzaron a finales de septiembre pasado debido al malestar por la falta de profesores y recursos en escuelas secundarias, rápidamente se transformaron en un movimiento masivo contra el alto costo de la vida, la inflación, la precariedad y un severo ajuste fiscal de 54,000 millones de euros impulsado por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron para el presupuesto de 2027.
Aunque la mayoría de las marchas que se han registrado en el país europeo iniciaron de forma pacífica, grupos radicales y de la “ultraizquierda” provocaron enfrentamientos con la policía, incendios, como el de la histórica casa consistorial de Limoges y oficinas de turismo en Lyon, barricadas y saqueos en más de 1,500 comercios y supermercados.
Hasta el momento se reporta la muerte de un manifestante tras sufrir un paro cardíaco durante los disturbios en París, además de un herido grave al perder una mano por una granada anti disturbios en Saint-Étienne, junto a más de 150 policías heridos.
Por lo pronto, el presidente Emmanuel Macron ha condenado la violencia y advirtió que los responsables serán perseguidos y castigados, mientras que se espera una comparecencia oficial del mandatario este domingo para abordar la crisis. La situación ocurre además en la antesala de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. ¿Qué pasará? ¿En qué terminará este episodio de violencia generalizada en aquel país?
Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.