Ciudad de México. El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) sugirió a los directivos y consejeros de este organismo generar una metodología “para hacer más eficiente, eficaz y transparente” su proyecto de gasto, con el fin de “trascender las inercias hasta ahora registradas de sobrepresupuestación”, así como para ser una institución “empática” con la demanda del ejercicio racional de recursos públicos, se lee en un informe de 193 páginas elaborado a la par del anteproyecto de presupuesto 2023.
Durante el lustro 2018-2022, el INE ha solicitado 81 mil 358.5 millones de pesos. Si se le compara con otras instituciones, el presupuesto de la UNAM para este año es de 48 mil 802 millones; igualmente, correspondería a casi 10 años del gasto de la UAM, que cuenta ahora con 8 mil 138 millones. El presupuesto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es de mil 27 millones este año, y el de la Secretaría de Cultura, de 15 mil millones. Asimismo, la petición del INE equivaldría a casi cuatro años de recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene 21 mil 196 millones.
El INE tiene para 2022 un presupuesto general de 18 mil 827 millones, y para el año entrante pide 14 mil 437 millones para gasto, más 4 mil millones como cantidad “precautoria”, por si le toca organizar una consulta ciudadana.
Al menos la mitad de todo el dinero entregado al árbitro electoral –ya descontando los recortes aplicados por la Cámara de Diputados– sirve para fondear sueldos y otras obligaciones laborales para una plantilla de alrededor de 18 mil trabajadores, incluida aquí la estructura de asesores para cada consejero, algunos con salarios netos de hasta 108 mil pesos mensuales.
Las autoridades del instituto suelen argumentar que los beneficios laborales están amparados por la Constitución y las leyes; también aducen que se trata de personal especializado y que los recursos públicos otorgados significan un porcentaje mínimo dentro de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con el compendio del OIC, la mayor parte de los gastos redundan en el peso de la nómina; por ejemplo, el fondo para mejorar los módulos de atención ciudadana recibió este año apenas 12 por ciento de lo que obtuvo el fideicomiso laboral.