Recientemente hemos estado inmersos en la propuesta de extender la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública de 2024 a 2028, asunto que hasta el viernes pasado se había mantenido una tensa discusión en el Senado de la República, ya que constitucionalmente el plazo estaba previsto hasta 2024, ese sería el punto de discusión entre los distintos partidos políticos, bloques de oposición y corrientes políticas, en las que de lo que no hay duda, más allá de sus intereses, representan a la ciudadanía de distintas entidades de nuestro país.
Haciendo un balance de lo que esto significa desde un punto de vista de seguridad, desarrollo social, económico y cultural, pero particularmente de PAZ, como un elemento catalizador del crecimiento de todos los conceptos anteriores, por ello, esto implica la toma de una decisión que puede tener un impacto para nuestro país, mucho más contundente de lo signifique ganar internamente el punto en el Senado, ni de lo que esto repercuta, para las carreras políticas de alguno o de algunos, es además un asunto que contempla distintas connotaciones para los mexicanos que deben ser planteadas para su análisis objetivo y concreto.
Lo anterior porque de entrada puede darse una confusión sobre la percepción de lo que significa la participación de las fuerzas armadas en nuestro país, es decir, de lo que esto ha implicado en diversas acciones de apoyo a México y a los ciudadanos en distintos asuntos, en los momentos más álgidos por los que hemos atravesado en cuanto a seguridad, participación, coordinación y presencia de apoyo a la población en donde han hecho un gran papel, tanto el ejército, como la Marina Armada de México.
Es decir que en términos de balance ambas instituciones, a nivel general, la opinión que la ciudadanía tiene de las mismas, es de un reconocimiento genuino por su actuación como instituciones serias patrióticas y respetables; por eso es importante sacarlas del debate para que esto no distorsione el trabajo y los resultados que en los últimos años han contribuido en nuestro país y en donde su presencia genera hasta ahora una merecida confianza.
Como una forma de aclararlo las fuerzas armadas han intervenido en asuntos sociales en nuestra historia más reciente, desde 1968 en la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, siendo Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, a quienes se les imputan las actuaciones del Ejército Mexicano contra los estudiantes el 2 de octubre de ese año en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco en donde fallecieron al menos 300 estudiantes, hace 55 años.
También es cierto que en 1994 en la administración del presidente Ernesto Zedillo, fue el ejército quien inicio operativos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, e incluso fue el 31 de diciembre de ese año en donde se reformó en particular el Artículo 21 Constitucional, lo que a su vez dio origen al Sistema Nacional de Seguridad Pública (DOF,1994) lo que dio paso al CNSP, en una legislación secundaria, en la cual ya se incluyó a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.
A 20 años también de estos acontecimientos podría decirse ya, que en términos de participación el ejército en México ha intervenido a instancias de la AUTORIDAD CIVIL para lo que en esos momentos llamaron asuntos de seguridad nacional, sin pasar por alto que siempre se ha dado bajo ese marco de disciplina y actuación de quien ha gobernado el país y no por iniciativa propia de las fuerzas armadas.
Desde entonces no nos hemos militarizado ¿cierto?
Dicho lo anterior y volviendo al México que nos está tocando vivir, las fuerzas armadas en reiterado análisis y balance han representado un apoyo estratégico importante para nuestro estatus actual en cuanto a seguridad se refiere.
Enfocándonos también al tema de LA DISCUSIÓN que se está dando en la cámara de Senadores, sería muy importante que cada uno dijera o aclarara cuál es el estatus en cada una de las entidades que representan para determinar, decidir y empujar que las fuerzas armadas se retiren de la seguridad pública en 2024, partiendo de datos técnicos, reales y objetivos que con esta medida se garantice la seguridad de la ciudadanía que los eligió, que es de lo que de fondo estamos hablando y que objetivamente implicaría lo siguientes:
El estándar mínimo de policías debería ser al menos de 1.8 policías por cada mil habitantes a nivel de cada ESTADO y del país, sin hablar del promedio internacional que contempla la ONU (Organización de las naciones Unidas) y que es de 2.8 policías por cada mil habitantes, entonces debería haber dentro de esta discusión una exposición de datos sobre el particular de cada estado del país, para saber si estamos listos o estamos en vías de estar listos para 2028.
Mientras estos datos no estén a la vista entonces la discusión es política, es claramente política.
Hasta pronto.