Ciudad de México. La Cámara de Diputados discutirá hoy la iniciativa de reforma a diversas leyes electorales, a partir de la cual se acota política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE), y compacta sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El INE deberá recalcular los tabuladores de sus casi 18 mil trabajadores, así como de los organismos locales electorales, “para adecuar las remuneraciones a los topes establecidos al artículo 127 constitucional”. Nadie en este ámbito – consejeros y magistrados locales- deberá ganar más que el Presidente de la República.
“Nuestro país no necesita una élite burocrática privilegiada en las instituciones electorales”, se advierte en el documento identificado como “Plan B”, porque será presentado luego del previsible rechazo a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada por el Presidente López Obrador.
En los artículos transitorios se aclara que este decreto – de la enmienda a leyes secundarias- no será aplicado en las contiendas del año próximo, en Estado de México y Coahuila, mientras que el consejo general del INE deberá hacer – a más tardar en agosto de 2023- los cambios derivados de esta restructuración orgánica.
En el aspecto político se prohíbe imponer sanciones “exorbitantes”, como la cancelación de candidaturas, cuando se comprueben infracciones a contendientes.
En síntesis, con base en el fortalecimiento del Sistema Nacional Electoral, integrado por el INE como autoridad rectora y los Oples, se proyecta una reestructuración del INE para “compactar al mínimo indispensable” su operación, con lo cual se busca generar ahorros al erario de al menos 3 mil 605.6 millones de pesos. Por mencionar uno de los cambios, se crea la Comisión de Administración integrada por 5 consejeros, que sustituye a la Junta General Ejecutiva (donde están actualmente los principales funcionarios del INE) quienes ahora se harán cargo del manejo presupuestal y seguimiento del gasto.
En esta misma dinámica “redimensionan” distintas oficinas – como la Coordinación Nacional de Comunicación Social y la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral- y sus tareas pasan a otras áreas pero sin elevar su presupuesto.
“A más tardar el 1 de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente decreto, así como de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la dirección del secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática”, se lee en el décimo cuarto transitorio del proyecto de decreto.