AMLO plantea ajustes al Poder Judicial, en el tema electoral, desaparecer los órganos autónomos y bajar el porcentaje para que las consultas sean vinculantes.
“Que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los dos, tres años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir”, explicó el mandatario. [Fotografía. Daniel Augusto/ Cuartoscuro]
El paquete de iniciativas de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el próximo 5 de febrero perfila modificar 36 artículos de la Constitución, entre ellos, el 35°, referente a la consulta popular, adelantó durante la conferencia de prensa de ayer, en Palacio Nacional.
“Ahora, con este paquete de iniciativas, es regresarle a la Constitución vigente, la Constitución del 17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales, neoporfiristas en los últimos 36 años. Del 83 al 18″, aseguró el mandatario.
“Fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo. Son 36 artículos de la Constitución”, aclaró.Entre los artículos a modificar estará el 35°, en el que se establecen los requisitos para convocar y realizar la revocación de mandato.
“Para que sea una reforma válida, que sea vinculatoria, en vez de 40 por ciento de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30 (por ciento) de participación, porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas”, explicó.
Recordó que en 2022, cuando el INE organizó el primer ejercicio de revocación de mandato para evaluar su permanencia en el cargo, la oposición hizo un llamado a no participar, para que no se lograra el 40 por ciento de participación y el ejercicio no fuera vinculante.
Según lo que ha planteado durante estos días, el paquete también comprenderá reformas al Poder Judicial y la electoral, ambas caracterizadas por que buscarían que ministros, magistrados, jueces y consejeros electorales sean electos por voto popular.
Además, la reforma electoral comprenderá eliminar a los diputados plurinominales, reducir las prerrogativas de los partidos políticos así como desaparecer los organismos públicos electorales locales; es decir, será el denominado plan A que ya fue rechazado en el Congreso en un primer intento.
Otras iniciativas serán las de establecer que el salario mínimo nunca aumente por debajo de la inflación y la contrarreforma a la de 1997 en materia de pensiones, para que los trabajadores se jubilen con el 100 por ciento de su último salario.
Una reforma que también será nueva es la de desaparecer los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
López Obrador también insistiría con la reforma que haga pasar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues busca que la corporación “no se eche a perder” con un mando civil.
Como parte de la política social, también incluiría la reforma para que la pensión para personas con discapacidad sea elevada a rango constitucional, y de igual forma la rehabilitación sea un derecho.