Se trata de administraciones surgidas de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que impugnan las modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que disminuyeron drásticamente el gasto público para publicidad y propaganda gubernamental y que los gobiernos municipales y estatales impugnan porque consideran que los pone en desventaja para promocionar sus acciones.
Todas estas controversias fueron admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien incluso ordenó conceder la suspensión del acto reclamado para el Estado de México y Coahuila, entidades donde habrá elecciones este mismo año.
Los recursos de reclamación contra la admisión de las 103 controversias fueron encomendados para su estudio al ministro Luis María Aguilar Morales.