El proyecto de la magistrada Janine Otálora fue desechado, pues tres magistrados consideraron que el Frente Amplio por México no está violando los derechos de nadie.
No obstante, ante lo inédito de este tipo de procedimientos, ordenó que, en un plazo no mayor a cinco días, el Instituto Nacional Electoral (INE) emita lineamientos para regular este tipo de procesos intra partidistas previos al arranque del proceso electoral 2023-2024, en septiembre próximo.
Señaló que el objetivo es garantizar el principio de equidad en la contienda, de forma adecuada y completa, así como dar certeza de las conductas que están permitidas y las que están prohibidas por parte de los partidos políticos.
Reyes Rodríguez, magistrado presidente, dijo que invalidar el proceso del Frente Amplio por México, sería una “solución jurídica excesiva” porque están en juego una serie de derechos, personales y de partido.
Entre las medidas que debe regular el INE está la fiscalización estricta de los recursos utilizados, fijar parámetros que regulen los actos previos al inicio del proceso electoral, y establecer con claridad las consecuencias de transgredir dichas limitaciones.