El problema está en las salas de la Corte y Tribunal, no en los juzgados 

Funcionaria de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Adán Augusto López, ex secretaria de la Mujer de su partido, la maestra en Derecho trabajó en el Consejo de la Judicatura Federal, donde fue la primera directora de Derechos Humanos, así como secretaria proyectista en el Cuarto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito.

Desde esa experiencia, Carol Arriaga analiza la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal y la evolución del debate público y en los foros de la Cámara de Diputados.

A la pregunta de qué aspectos de la propuesta le parece que pueden ser modificados, la morenista responde:

Sería deseable profundizar en el método de designación y la garantía de independencia judicial, especialmente de los ministros y de magistrados electorales. Es ahí donde encuentro que el reto es mayor, donde es más fácil que prevalezca lo económico y lo político, frente a lo jurídico, en detrimento del Estado o a favor de intereses personalísimos”.

Señala que, si bien la principal labor de la Corte debiera ser jurisdiccional, “lo cierto es que ha habido un componente político ineludible”.

Carol Arriaga relata en los propios cursos que imparte el Instituto de la Judicatura Federal se ha señalado que el diálogo con el Poder Ejecutivo, especialmente en casos de relevancia para el Estado, no sólo es deseable, sino en ocasiones es indispensable para mantener la gobernabilidad.

A veces la aplicación estricta de la norma podría generar problemas de orden público y eso debe ser considerado por el juzgador. El principio fundacional es el interés general y el bien común, no el agradecimiento que un ministro le deba a quien le nombró”, matiza.

Se refiere al caso que califica de escandaloso del exministro Eduardo Medina Mora como un ejemplo donde rigió la amistad para una designación inconstitucional, ya que había residido fuera de México por más de dos años consecutivos.

Esta validación muestra la complicidad del Ejecutivo con el Poder Judicial y refuerza el dicho de que el requisito infranqueable para ser ministro de la Corte es ser amigo del presidente”, sostiene.

¿Cuál sería desde su punto de vista el mejor método para garantizar calidad en la impartición de justicia y democracia en la elección de sus impartidores?

“Ahora bien, la impartición de justicia es una técnica y ésta se construye con el estudio y la práctica. La carrera judicial debe regularse a través de la legislación secundaria, y tendrán que construirse los criterios más adecuados a partir de la experiencia previa y con esta nueva implementación. Una votación directa de perfiles previamente calificados, honestos y comprometidos, para elegir a las y los titulares de los juzgados y demás tribunales”.

Y coincide con quienes cuestionan el hecho de que la administración de la carrera judicial recaiga en la presidencia de la Corte. “Esto ha favorecido la consolidación de históricas familias judiciales y allegados a ministros”.

En cuanto a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial que la reforma propone, Carol Arriaga sostiene que “es una oportunidad para brindar mayor seguridad jurídica a los operadores de justicia”.

Alerta que “los magistrados electorales se vigilan ellos mismos, al igual que los ministros de la Corte. Es en estos ámbitos donde más cuidado se debe tener”.

Argumenta que resulta indispensable separar las funciones judiciales de las administrativas, incluyendo, la carrera judicial, las funciones de vigilancia y disciplina.

La creación de un Tribunal de Disciplina con criterios preestablecidos, y con funciones jurisdiccionales y no administrativas, brinda mayor seguridad jurídica a los impartidores de justicia, quienes pueden sufrir las consecuencias, en beneficio o perjuicio de criterios políticos”, pondera.

Y focaliza su preocupación en dos espacios: “En mi opinión, el gran problema judicial no radica en los juzgados de Distrito ni en los tribunales de Circuito, sino en el seno de la propia Corte, sobre todo en la acumulación de funciones de la presidencia y en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde debe ponerse mayor atención y esfuerzo”.