De acuerdo con el proyecto de sentencia, ninguna autoridad puede suspender los trabajos de la organización de los comicios del 1 de junio
Este mandato a la dirección jurídica la magistrada Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe De la Mata Pizaña.
“Y el juez que pide a esta instancia que renuncie a su competencia, pues creo que está cayendo en un exceso y se está extralimitando también en sus funciones y en su competencia, lo cual considero de alta gravedad la actuación de este juez”, dijo Soto Fregoso al agregar que “no somos, incluso, jueces del mismo nivel, esta Sala Superior es última instancia y me parece que el rechazar una sentencia de esta Sala Superior evidentemente es una actuación de alta gravedad”.
En su participación el magistrado Fuentes Barrera opinó que “un juez de Distrito no puede, a partir de una interpretación sesgada de una ley, estar por encima de las atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral, en otras palabras, la determinación del Juez no tiene eficacia jurídica en materia electoral ni puede tener impacto en esta misma decisión que tomó el Comité de Evaluación, ya que no puede configurar un obstáculo para impedir que el proceso electivo siga su curso. Por ello, este Tribunal Electoral debe removerlo para que su desarrollo continúe”.
Según el proyecto de sentencia, ninguna autoridad puede suspender los trabajos de la organización de la elección, cuando, expresamente, el artículo 41 de la Constitución indica que no aplica el amparo para temas electorales.
Otro argumento es que, al suspender sus trabajos, el Comité Evaluador del Poder Judicial, está afectando el derecho a votar de la ciudadanía.
En contraste, la magistrada Janine Otálora, consideró que no hay claridad en temas de competencia y solicitó exhortar a la Corte, para que, a la brevedad, resuelva los asuntos de aspirantes a magistrados de la Sala Superior y salas regionales, que están en sus manos, para que pronto haya claridad.
La magistrada votó en contra del proyecto, pero a favor del exhorto.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, votó en contra del proyecto y también del exhorto a la Corte.