Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado del PAN en el Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, propuso tipificar como delito la fabricación, posesión y transporte de minas, y aumentar la pena inherente al homicidio calificado a 60 años, que conlleva el uso de las mismas.
Lo anterior luego de la serie de incidentes que se han registrado en brechas rurales de municipios de la frontera de Tamaulipas; el más reciente fue el registrado este pasado 31 de enero en el Ejido Santa Rita de San Fernando cuando un vehículo hizo estallar una mina dejando dos personas fallecidas y una mujer herida.
Ante este escenario el legislador impulsó una iniciativa que tiene por objeto actualizar el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para tipificar el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad con una sanción de siete a quince años de prisión y multa de doscientas a cuatroscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin causa justificada fabrique, posea o porte en su vehículo en que se encuentre o relacione con artefactos explosivos conocidos como minas.
“Y al autor del homicidio calificado se le impondrá una sanción de veinte a sesenta años de prisión”, dijo en su exposición durante la sesión ordinaria del pasado viernes 31 de enero mismo día en el por la tarde se registró un nuevo suceso en donde dos personas fallecieron por causa de una presunta mina en una brecha De San Fernando y que con este incidente suman ya en lo que va del año tres incidentes similares, en los que dos vehículos particulares y un tractor fueron afectados al pisar explosivos en caminos rurales de Reynosa y Río Bravo.
En su breve explicación durante la plenaria, la mayoría de los legisladores prestaron poca atención e incluso la diputada de Morena, Magaly Deandar Robinson, le gritó “eso no se puede hacer diputado”.
Gerardo Peña expuso que su acción legislativa tiene la intención de “salvar muchas vidas”, dijo
Recordó que de los últimos incidentes destaca que estas minas que han detonado ya dañaron la salud y el patrimonio de tamaulipecos y del parque vehicular federal, un vehículo y un tractor de familias en San Fernando, y una camioneta de la Comisión Nacional del Agua en Río Bravo fueron destruidos, “provocando una mala imagen de México y Tamaulipas en el mundo”.
“La realidad es que más allá de que estos debates, que se debaten fuertemente en la esfera internacional y federal, es inaceptable que este tipo de actos, no sean ejemplarmente perseguidos y castigados también por las autoridades locales”, señaló.