Este lunes quedará instalada formalmente la comisión presidencial para la reforma electoral
Entre los cambios planteados por Pablo Gómez, titular de la comisión, que serán llevados a la discusión pública, están sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), encargado de todos los procesos electorales del país y la reducción del número de consejeros electorales, de 11 a 7, electos por voto popular.
Hoy lunes quedará instalada formalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez, a fin de iniciar con las consultas para una reforma constitucional y nuevas normativas en la materia.
El camino que ha construido el país para transitar a la alternancia política y a la credibilidad de las elecciones ha sido arduo. Tuvieron que pasar más de 70 años para que el partido hegemónico emanado de la Revolución Mexicana, con sus distintos nombres, Nacional Revolucionario, de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional, permitiera la alternancia política.
Y seis años después, en 2018, el INE, otorgó la victoria a un partido de izquierda de reciente formación: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que llevó a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional. Hoy la 4-T propone la desaparición del INE y la creación de un nuevo organismo.
Una vez terminada la Revolución, la Constitución de 1917 instituyó la Junta Empadronadora, las Juntas Computadoras Locales y los Colegios Electorales como los organismos del gobierno encargados de organizar y calificar los procesos para elegir al presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores y alcaldes.
En 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral, con la que se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la ley ordenó la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón Electoral.
En 1973, en el gobierno de Luis Echeverría desapareció la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y en su lugar el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Federal Electoral (CFE). En este órgano participan ya con voz y voto los representantes de todos los partidos políticos con registro legal, pero el gobierno mantenía el control del organismo.
Ya en el sexenio de José López Portillo, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó la primera gran reforma política del México posrevolucionario, la cual estableció los diputados de representación proporcional o plurinominales a fin de fortalecer la representación política.
Los diputados plurinominales serían el 40 por ciento de la Cámara de Diputados, a la vez que esta reforma promovió la pluralidad en la integración de los órganos electorales. Dicha legislación tuvo como antecedente la reforma de 1963 que instituyó el sistema de diputados de partido.
Así, en 1977, la CFE quedó conformada por el secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas –dominadas en aquel tiempo en un 95% por el PRI– así como un representante de cada partido político con registro y un notario público.
En la noche del 6 de julio de 1988, tres candidatos presidenciales de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra dejaron de lado sus diferencias ideológicas, se tomaron de los brazos y fueron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación (Segob); nunca les abrieron.
En aquellos años, las elecciones las organizaba y calificaba el propio gobierno, a cargo del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien presidía la Comisión Federal Electoral. En esos comicios, como Excélsior lo documentó en su momento, “se cayó” el sistema de cómputo electoral y los resultados tardaron días en conocerse.
El 13 de julio de 1988, Bartlett anunciaría que el ganador era Carlos Salinas de Gortari (PRI), con el 50.36% de los votos, seguido de Cuauhtémoc Cárdenas (PMS, PPS, PARM, PFCRN) con 3l.12%; Manuel J. Clouthier (PAN) 17.07%; Gumersindo Magaña (PDM) 1.04%, y Rosario Ibarra de Piedra (PRT) con 0.2 por ciento.
Al unísono los candidatos de oposición denunciaron fraude. El viejo sistema electoral mexicano, que por más de siete décadas había sido operado y controlado férreamente por el gobierno, tenía el tiempo contado. Tres años más tarde, nacería el Instituto Federal Electoral (IFE).
Las elecciones de 1988 representaron un llamado de atención para el gobierno. El régimen de partido único estaba agotado. Ese año, por primera vez en la historia, un partido de oposición, el PAN, obtenía 101 de 500 diputados federales. Y por primera vez, en el Senado, de un total de 64 escaños había cuatro para senadores de oposición, postulados por la coalición PPS, PARM y Frente Cardenista.
El viejo sistema no resistiría nuevas elecciones altamente competidas, por lo que desde la sociedad civil y el Congreso de la Unión se empezó a idear la creación de una institución autónoma que organizara y calificara las elecciones: el Instituto Federal Electoral (IFE).
SE CREA EL IFE
En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenó la creación del IFE a fin de contar con un organismo imparcial que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.
El Consejo General del IFE estaba compuesto por el presidente, que era el secretario de Gobernación; 6 consejeros magistrados, personalidades sin filiación partidista con una sólida formación académica y profesional en el campo de derecho, propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
El Consejo General también estaba integrado por el director y el secretario general del instituto; dos diputados y dos senadores, representantes de los dos grupos parlamentarios más numerosos en cada cámara y un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo con los resultados que obtuvieran en la última elección.
En 1994, la reforma electoral aprobada instituyó la figura de “consejeros ciudadanos”, personalidades propuestas por las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran.
En 1996 el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional y un nuevo Cofipe, por lo que se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al secretario de Gobernación de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de dirección para los consejeros ciudadanos.
Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con derecho a voto, incluido su presidente, y un secretario ejecutivo sólo con derecho a voz, así como representantes de cada partido político sin derecho a voto.
José Woldenberg, primer consejero ciudadano presidente del IFE (1997-2003), comentó en 2012 que el sistema político mexicano distaba mucho de ser el régimen autoritario que fue hasta la década de los 80 del siglo pasado, y la sociedad ya no permitiría un retroceso.
“La transición es un hecho del pasado, sucedió, insisto, del 77 al 96-97, y eso es lo que permitió la alternancia en el Poder Ejecutivo, no a la inversa”, apuntó en entrevista con Excélsior el 15 de octubre de 2012.
“La alternancia está en el código genético de la democracia, y creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que los fenómenos de la alternancia se van a dar una y una y otra y otra vez. El mecanismo ya está hecho y los humores públicos suelen ser cambiantes”, agregó.
También en 1996, a partir de la reforma a la Constitución, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que calificaría los procesos electorales validados por el IFE, a través de sentencias de carácter irrevocable.