Aunque es una estrategia que se desarrollaría a lo largo de 11 años, aún se encuentra en fase de análisis de viabilidad; se podría adelantar si el Congreso lo ordena
La iniciativa se encuentra en fase de análisis de viabilidad y planeación, y propone crear una plataforma tecnológica que cumpla con los principios rectores del organismo: certeza, legalidad e imparcialidad, además de garantizar seguridad, usabilidad y confianza ciudadana.
Sin embargo, si en la próxima reforma electoral el Congreso ordena al instituto implementar el voto electrónico en territorio nacional en un plazo concreto, el calendario podría adelantarse sustancialmente.
En ese marco legal limitado, los proyectos iniciales se enfocarán en dos vertientes: ampliar el voto por internet de los mexicanos residentes en el extranjero y habilitar el uso de urnas electrónicas para programas de voto anticipado, especialmente en el caso de personas con discapacidad o movilidad reducida.
Se analizarán aspectos técnicos, normativos, sociales, culturales y económicos, además de las mejores prácticas internacionales.
También se definirán modelos operativos, medidas de seguridad, mecanismos de monitoreo y planes de atención y soporte.
Los beneficios institucionales esperados son significativos: reducción de costos en instalación de casillas y materiales electorales, mayor agilidad en el conteo de votos, disminución de errores humanos y una interacción más eficiente entre el INE y la ciudadanía.
Para los votantes, los beneficios incluyen la eliminación de barreras geográficas, periodos más amplios para emitir el sufragio, reducción de tiempos de espera y de traslados, además de un impacto positivo en el medio ambiente al reducirse el uso de papel.
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La estrategia de voto electrónico con horizonte 2025–2036 busca abarcar dos procesos presidenciales completos antes de su consolidación.
Para 2036, el INE espera contar con una evaluación integral que permita decidir su implementación definitiva o rediseñar la ruta.
No obstante, el futuro del voto electrónico dependerá de decisiones políticas.
Mientras no se realicen reformas constitucionales que autoricen formalmente su uso en territorio nacional, los avances quedarán limitados a ejercicios controlados y programas piloto.
Si el Congreso aprueba una modificación en los próximos años, el INE tendría que acelerar la ruta y enfrentar el reto de garantizar que el nuevo modelo se adopte sin impugnaciones ni dudas sobre su legalidad.
En este contexto, el debate sobre el voto electrónico en México no es solo técnico, sino también político.
Se trata de definir si el país quiere dar un salto hacia una mayor modernización y accesibilidad en el ejercicio democrático o mantener el modelo tradicional de boletas y urnas físicas, con todos sus costos y limitaciones.