Agricultores advirtieron que, de no aprobarse en sus términos la nueva Ley de Aguas, se intensificarán las movilizaciones en al menos 10 estados y en la CDMX.
Actualmente, los agricultores mantienen cierres carreteros en seis entidades —Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes— como parte de su protesta.
“Nos hemos puesto de acuerdo a mantener sin manifestaciones en la Ciudad de México, esperando tener apertura para que se incluya también en el último acuerdo o la última propuesta del Frente Nacional”, señaló.
Entre las acciones contempladas se encuentran nuevos bloqueos y la presentación masiva de amparos.
Rodríguez confirmó también una reunión con Adán Augusto López, en la cual exigirán integrar dos artículos transitorios que reconozcan alumbramientos y perforaciones históricas. Advirtió que, sin estos ajustes, miles de productores quedarían en situación de vulnerabilidad legal y operativa.
A la postura se sumó Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, quien afirmó que, de ser necesario, también bloquearán la Ciudad de México para frenar la aprobación de la ley.
En la sesión, el bloque de mayoría integrado por los diputados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM) defendió que iniciativa respeta el derecho de las concesiones y combate el acaparamiento del líquido y el mercado negro.
En tanto, los opositores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) acusaron que el Gobierno busca controlar ese recurso y usarlo con fines políticos.
Según el dictamen, con las modificaciones aprobadas el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.