En relación con la información publicada por El Universal el domingo 21 de diciembre de 2025, bajo el encabezado “Políticos acumulan concesiones de agua que equivalen a más de 2 mil albercas olímpicas al año”, y en particular con las referencias hechas al gobernador del Estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, es necesario realizar las siguientes precisiones fundamentales en apego al derecho de réplica y al deber democrático de conducirse con la verdad.
La nota incurre en imprecisiones relevantes al sugerir que el gobernador concentra concesiones, cuando esas nunca han estado registradas jurídicamente a nombre del titular del Ejecutivo Estatal, como lo permite constatar el Registro Público de Derechos de Agua, regulado por la Comisión Nacional del Agua en apego a la Ley de Aguas Nacionales.
En el caso de las concesiones ubicadas en el estado de Guanajuato, hace aproximadamente seis años dejaron de formar parte del patrimonio familiar, toda vez que los terrenos en los que se encontraban fueron propiedad de su señor padre, heredados a su señora madre (ya fallecida) y que fueron vendidos en su momento.
Presentarlas como concesiones “vigentes” asociadas al gobernador resulta, cuando menos, una afirmación desactualizada y carente de verificación y por tanto falsa.
Respecto a las concesiones localizadas en el municipio de Padilla, Tamaulipas, la información publicada omite un dato esencial: dichas concesiones pertenecieron al padre del gobernador, quien falleció hace 15 años. El proceso al que hoy se hace referencia corresponde exclusivamente a un trámite de regularización sucesoria, previsto en la legislación vigente, y se localiza en un rancho de carácter familiar, sin que ello implique apropiación indebida, privatización del recurso ni contradicción alguna con la postura pública del gobernador en materia de agua.
Resulta particularmente preocupante que la nota pretenda construir una narrativa política de supuesta acumulación personal, sin distinguir entre propiedad, herencia, transmisión legal, uso efectivo del recurso y titularidad real, conceptos jurídicos que no son intercambiables y cuya confusión induce a interpretaciones erróneas en la opinión pública.
El gobernador Américo Villarreal Anaya ha sostenido de manera consistente que el agua es un bien nacional, estratégico y de interés público, y ha llamado a superar la lógica privatizadora para garantizar justicia hídrica, sostenibilidad y acceso equitativo. Ninguna de las situaciones mencionadas en la nota contradice esa postura, ni en los hechos ni en el marco legal.
La libertad de expresión y el periodismo de investigación son pilares de la democracia, pero su ejercicio exige rigor, contextualización y veracidad. Por ello, se solicita respetuosamente a El Universal que publique esta aclaración en condiciones de equidad, a fin de restituir el derecho de las audiencias a una información completa y veraz, y de preservar los estándares de responsabilidad periodística que históricamente han distinguido a este medio.
Atentamente:
Lic. Francisco Cuéllar Cardona
Coordinador de Comunicación Social
del Gobierno de Tamaulipas.