En una universidad pública, el problema no empieza cuando estalla el escándalo, empieza cuando nadie sabe explicar qué pasó después.
Eso es lo que hoy exhibe a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuando un funcionario universitario termina detenido en Estados Unidos, y sujeto a una acusación penal grave, lo mínimo que debería existir del lado institucional es claridad, no silencio, dudas o versiones cruzadas.
¿Fue separado del cargo? ¿se suspendió su salario? ¿se abrió una revisión administrativa? ¿quién autorizó? ¿quién sabía? ¿quién no supo? ¿y, por qué nadie informó?, pero hasta ahora, lo que domina no es la transparencia, sino la niebla.
LUIS GERARDO LÓPEZ GUAJARDO, funcionario de la UAT, fue detenido el 2 de enero de este año en Texas y enfrenta una acusación federal gravísima en Estados Unidos. El caso sigue su curso ante el juez federal Drew B. Tipton, pues la acusación involucra presuntas imágenes ilícitas, supuestamente de menores de edad, y mensajes con ellos que fueron incorporados al expediente.
Hasta ahí, el caso ya sería suficientemente escandaloso para cualquier institución pública con un mínimo de reflejos, vergüenza y sentido de autopreservación.
Pero en la UAT, lo que más ruido hace no es el expediente, es la opacidad, esa sensación de que pese a la magnitud del caso, nadie explica nada, nadie informa nada y nadie parece tener prisa por aclarar si el funcionario ya fue separado, suspendido o dado de baja, lo digo porque trabajadores de la “Máxima Casa de Estudios” de Tamaulipas han asegurado que meses después de su detención, GERA aún es mantenido dentro de la nómina.
Y aquí no se trata de condenar desde una columna lo que corresponde resolver a la justicia estadounidense. Se trata de algo más elemental: una universidad sostenida con recursos públicos no puede permitirse actuar como si un escándalo de este tamaño fuera un asunto privado, doméstico o administrativamente invisible.
Ahora el problema, además, está “entrampado”, porque la descabezadera en el gabinete del Gobernador de Tamaulipas, que incluyó la baja del coordinador estatal de Comunicación Social, FRANCISCO CUELLAR CARDONA, derivó en la baja del funcionario que él había colocado al frente de Comunicación Social de la UAT, MANUEL AGUILAR.
Sí, lo sé, se supone que la universidad es autónoma, pero en la práctica desde el Estado se acomodan las piezas, de ahí el parentesco del Rector, y así se puede seguir para abajo.
MANUEL, antes de causar baja, fue el único que gritó escandalizado –pero en privado– por que en la nómina de la UAT seguía el nombre de LUIS GERARDO. Y con la llegada de su relevo, JOSÉ TORRES ALEXANDERSON, el caso no ha avanzado, pero en los pasillos de Rectoría se dice que sigue cayéndole la quincena en su cuenta.
Los chismes, dudas e indignación por su permanencia en nómina han sumado al problema jurídico un problema moral, administrativo y hasta político, y no por la acusación penal del funcionario, que le corresponde resolver a la justicia, sino por la incapacidad para explicar qué medidas tomó, cuándo las tomó y bajo qué criterios, lo que deja al descubierto el verdadero fondo del asunto, la protección burocrática.
Puntualicemos, a la familia de Luis no debería fincárseles responsabilidad alguna por los presuntos delitos que haya cometido –o no– el funcionario de la UAT, pero sí es de donde se puede explicar el que siga en la nómina, pues su hermano, la cuñada y demás familia extendida trabajan en la misma universidad, lo que ilustra la red de influencias, injerencias e inercias que lo rodean.
Ahora bien, en una institución pública que forma profesionistas, administra recursos y presume prestigio, si un funcionario enfrenta una acusación penal de esa magnitud, la reacción inmediata institucional no debería ser el mutis, debería ser la revisión administrativa, separación preventiva, una postura oficial y comunicación transparente a la comunidad universitaria.
Porque cuando una universidad oculta o calla sobre qué hizo frente al caso de un funcionario bajo proceso penal, termina enseñando la peor de las lecciones: en Tamaulipas el problema no es el expediente, sino el manto que lo cubre.
La reacción de la UAT –desde la cabeza hasta el exjefe inmediato de Luis– da la impresión de que lo primero no fue proteger a la institución, ni a su imagen, ni a su comunidad. Su actuar da la impresión de que primero buscaron estirar el silencio, luego intentaron administrar el escándalo para esperar a que el tema se enfríe, y parece que apostaron a la costumbre tamaulipeca de olvidar rápido.
Ojalá que con el nuevo puesto, JOSÉ sea capaz de entender y hacerlos entender que las acciones de la UAT, respecto a un caso como este, no pueden quedar en rumor, tiene que quedar en documento.
Si fue dado de baja, debe decirse cuándo; si fue suspendido, debe explicarse bajo qué mecanismo; y si no se actuó a tiempo, alguien tendría que responder por esa omisión, porque cuando una institución ya no puede explicar con claridad quién cobra, quién salió y quién decidió, el problema no es sólo de comunicación, es de control.
Y cuando el control falla en una nómina pública, casi siempre sobra protección y falta vergüenza.