El abogado defensor del excontralmirante de la Secretaría de la Marina aseguró que durante la audiencia salieron a relucir nombres ‘muy importantes’ en el caso de la red de huachicol fiscal, uno de ellos ‘Andy’.
Epigmenio Mendieta, abogado defensor del excontraalmirante de la Marina, Fernando ‘N’, acusado de liderar una red de huachicol fiscal, expuso que el Ministerio Público citó testimonios sobre la supuesta intervención de una persona identificada como “Andy” para “destrabar” un buque en Guaymas, por medio de una llamada al secretario de la Marina, en hechos ocurridos el sexenio pasado.
“Me parece que se han publicado en notas periodísticas dos nombres que resultan muy importantes, y que el Ministerio Público verbalizó esos nombres y que ya se lo puso de conocimiento a la juez. Dos nombres. Uno tan relevante que como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos declara que le van a llamar por teléfono a ‘Andy’ para que lo destrabe. Es decir, que ‘Andy’ la va a hablar al secretario de Marina para que lo destrabe”, explicó a medios de comunicación tras salir de una segunda audiencia privada y virtual celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Además, el abogado habló de otro señalamiento de un testigo protegido sobre muelles atribuidos a un un político “muy importante de Tabasco”.
“Es un testigo protegido con el dato de ‘Santo’ cuando habla de que tiene conocimiento de que los muelles donde llegan todos los barcos, el muelle 289 y 290 pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante de Tabasco”, añadió.
El excontralmirante Fernando ‘N’ fue vinculado a proceso la mañana de este jueves 27 de agosto por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y permanecerá en el penal de ‘El Altiplano’.
La audiencia se llevó a cabo sin acceso a medios de comunicación, por determinación de la propia jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El Ministerio Público habría dado a conocer 100 datos de pruebas.
De acuerdo con las autoridades, la estructura de huachicol fiscal habría tenido operaciones en ocho entidades del país y ocasionado un daño al erario que supera los cuatro mil millones de pesos, según las estimaciones presentadas durante la investigación.
La organización habría utilizado empresas con actividades aparentemente legales como fachada. Entre ellas se encontraban compañías relacionadas con la importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y transporte ferroviario.
El mecanismo consistía en introducir mercancías procedentes de Estados Unidos con información presuntamente alterada ante las autoridades. En algunos casos se reportaban volúmenes inferiores a los realmente transportados, mientras que en otros se asentaban productos diferentes a los que efectivamente ingresaban al país.
Ferrocarriles, pieza clave para introducir el combustible
Uno de los principales componentes del esquema eran los carros-tanque de ferrocarril, utilizados para trasladar grandes cantidades de combustible.
Según la FGR, las empresas involucradas reportaban únicamente alrededor de 10 mil litros por cada carro-tanque, aunque las unidades podían transportar hasta 110 mil litros. De esta manera, únicamente se declaraba cerca de 10 por ciento de la capacidad que realmente ingresaba al país.
Las autoridades también investigan un supuesto acuerdo entre integrantes de la red, agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina, que habría permitido que los cargamentos pasaran los filtros de revisión sin las inspecciones correspondientes.
Una vez que los trenes ingresaban a territorio mexicano, el combustible que no había sido declarado era trasladado hacia distintos puntos de conexión ferroviaria, conocidos como espuelas.
Desde ahí comenzaba una segunda etapa de la operación. El producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas y posteriormente distribuido y comercializado en diferentes zonas del país.
La FGR sostiene que estas maniobras se realizaban en instalaciones que no contaban con las autorizaciones correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético.