Altamira, Tam.- En pleno escenario del Primer Informe de Gobierno de su segunda administración, el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, no pudo evadir la pregunta que flota en la opinión pública: su posible implicación en las investigaciones de la Fiscalía General de la República relacionadas con el contrabando de combustible, conocido como Huachicol Fiscal.
Su respuesta, tajante aunque ambigua, fue: “El que la deba, que la pague”. Una frase que pretendía marcar distancia, pero que terminó por abrir una grieta mayor. Porque aunque aún no existe una orden judicial ni carpeta formal en su contra, su nombre ya aparece en investigaciones periodísticas que detallan nexos empresariales, supuestos prestanombres y vínculos con predios relacionados con operativos recientes contra el huachicol fiscal.
La sombra del escándalo, por ahora, no toca la puerta de la justicia… pero ya habita la narrativa pública del gobierno de Altamira.La operación federal que reveló una red de contrabando de más de 10 millones de litros de diésel ilegal, con base en Altamira, salpicó a empresarios, funcionarios e incluso a un vicealmirante. En medio de ese entramado surgieron nombres, y uno de ellos es el del propio alcalde.
Para algunos, Martínez sigue siendo una figura sólida del morenismo en el sur de Tamaulipas; para otros, es parte del viejo sistema disfrazado de transformación.El alcalde intenta blindarse con gestión y cifras: muestra obras, presume resultados y destaca inversiones.
Sin embargo, el discurso político no alcanza para acallar el ruido que ya escapa de su control: auditorías federales con observaciones millonarias, denuncias por despojo de terrenos y ahora el eco de una investigación federal que no lo descarta.Su administración enfrenta un desafío que va más allá de los números: la legitimidad en la narrativa pública.
En un contexto donde la justicia fiscal y el combate a la corrupción son banderas del gobierno federal, los silencios incómodos, las frases de salida y las medias respuestas ya no bastan.Altamira observa. Tamaulipas mira.
Y aunque los expedientes aún no estén sellados por jueces, los nombres están impresos en la memoria pública. El reto de Martínez Manríquez será demostrar que su administración no solo gobierna, sino que lo hace con transparencia y sin manchas, en un escenario donde la percepción puede ser tan determinante como la realidad.