Delitos como la extorsión, narcomenudeo, tráfico de fentanilo, defraudación fiscal y contrabando requerirán prisión preventiva, según la reforma aprobada en Comisiones.
El juez “ordenará” la prisión en casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO) (Crisanta Espinosa Aguilar)
Esta comisión avaló, con 21 votos a favor y 15 en contra, una reforma que prohíben los vapeadores y precursores químicos.
Delitos como la extorsión, narcomenudeo, tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales se sumarán al catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa.
La oposición criticó que se puede ordenar la prisión preventiva oficiosa a cualquier ciudadano sin la sentencia de un juez y sólo por indicios o por sospecha de haber cometido alguno de los delitos enlistados en al artículo 19 de la Constitución.
Mientras los legisladores de oposición advirtieron que organismos internacionales, como la ONU, han urgido a México a eliminar la “prisión preventiva oficiosa” porque es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, los oficialistas defendieron la figura, ya que “hay prisión preventiva oficiosa en Chile, en España y en Francia”, de acuerdo con el morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana.
El panista Santiago Torreblanca manifestó su preocupación de que desde el oficialismo se diga que “los derechos humanos son una camisa de fuerza”, ya que esa idea prevalece en regímenes como Cuba, Venezuela y Corea del Norte.
“Lo que nos preocupa es que están construyendo un régimen totalitario. Si vemos la construcción, hacia allá vamos”, alertó el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira.
“Se llenan la boca de hablar en contra de Venezuela o Cuba, pero no dicen nada de Estados Unidos (…) y ellos con lo de las Torres Gemelas tuvieron en Guantánamo años detenidas a personas sin ni siquiera una orden”, soltó.
“Cuatro de cada 10 personas que están en prisión no cuentan con una sentencia; es decir, se encuentran en prisión preventiva oficiosa. (…) No afectemos a los más pobres, que son los que ciertamente no tienen la capacidad de contratar una defensa legítima que los ayude a salir de prisión”, agregó.