CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Es inconcebible que un mal funcionario como lo es el auditor superior de Tamaulipas, Jorge Espino Ascanio, se burle de la ley e ignore a sus jefes los diputados del Congreso local y que le tengan sin cuidado las multas, amonestaciones, apercibimientos y toda clase de correctivos del pleno legislativo y de instancias judiciales.
A cada llamada de atención, el titular de la ASE responde con nuevos desacatos y sigue sin entregar la información correspondiente a varias docenas de cuentas públicas no aclaradas, que datan desde el sexenio cabecista.
La presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Salazar Mojica, ha informado que son 47 cuentas de varios organismos públicos, pero puntualizando que en realidad éstas deben sumarse a otras 125 que siguen en proceso de análisis.
O sea que el funcionario realmente cobra por no trabajar y además está convertido en un estorbo para que la actual legislatura cumpla con su obligación de vigilar el ejercicio del gasto, todo porque el ingeniero Espino no reconoce a los diputados como sus jefes, dados sus inconfesables vínculos con el pasado panista.
Vaya, Espino ni siquiera ha pagado dos multas que le fueron aplicadas por su mal desempeño y actuación, a todas luces, fuera de la ley.
Entre los informes que el fiscal se ha negado a proporcionar se encuentran: UAT, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Fiscalía Estatal, DIF Tamaulipas y la Comapa de la zona conurbada del sur del Estado, que terminó convertida en una caja chica cabecista, pues, como es del dominio público, estaba al servicio particular del senador Cabeza de Vaca e, incluso, desde ahí se financiaron algunas campañas del PAN.
¿Porqué se niega el auditor a rendir cuentas? La respuesta es clara: Está en su papel de guardián cabecista y su consigna es impedir que salgan a la luz pública toda la corrupción y manejos fuera de la ley ocurridos en el sexenio panista.