Ciudad de México. Por unanimidad, avanzó en el Senado la reforma constitucional propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que pone un límite a las pensiones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo y ajusta las jubilaciones millonarias actuales de los ex funcionarios de esos organismos, con lo que ese espera un ahorro de 5 mil millones de pesos al año.
La reforma al Artículo 127 Constitucional se aprobó con los 32 votos de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que presiden los Morenistas Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, quienes detallaron que mañana se discute ante el pleno del Senado.
En cuanto comenzó la sesión se dio primera lectura al dictamen aprobado, por el que ex funcionarios del sector paraestatal, que reciben pensiones de hasta un millón de pesos, pasando por 900 mil, y medio millón, en cuanto se promulgue la reforma, quedarán en 70 mil pesos, que es la mitad de la remuneración que ahora percibe “la persona titular del Poder Ejecutivo”.
Aunque PAN, PRI Y MC votaron a favor, criticaron la modificación constitucional, especialmente que deje fuera de la reducción de pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas y del Poder Judicial.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expuso que votarían a favor de “eliminar esas pensiones escandalosas”, pero exigió cambios al dictamen, entre ellos que el monto de las pensiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, en fideicomisos y demás entes públicos no se fije en la mitad de la remuneración de quien esté al frente de la presidencia de la República, sino en UMAS.
Argumentó que ello es previsión de que a futuro otro Presidente de la República modifique la Constitución y reduzca más su salario.
A nombre del PRI, Carolina Viggiano fue más allá, criticó también la iniciativa, ya que a su juicio el aplicarla con efectos retroactivos perjudica a las personas. Sostuvo que las pensiones de los ex funcionarios provienen de un contrato con cláusulas, “que ahora el gobierno se rehúsa a cumplir.” Los defendió también al señalar que “se les ha exhibido, con nombre en la mañanera, sin que se compruebe que las jubilaciones millonarias se obtuvieron de forma fraudulenta o ilícita”.
Por “unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad”, porque, dijo, los 5 mil millones de pesos que se ahorrarán, si Pemex “dejara de perder en 16 días”.
En respuesta, el senador de Morena, Pável Jarero, dijo que es inaceptable que la mayoría de los mexicanos tengan pensiones de en promedio 7 mil pesos, mientras un grupo de “privilegiados” obtiene desde hace años pensiones millonarias, pagadas con recursos públicos.
“Hoy le estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo robó durante décadas de malos gobiernos”. Agregó que muchas de esas “jubilaciones doradas están muchos técnicos que les hicieron la tarea esos malos gobiernos del viejo sistema tradicional, con lo que saquearon al país y los ayudaron a enriquecer sus carteras”.
El recién incorporado senador del PAN, Máximo García López, cuestionó que en la iniciativa presidencial se sostenga que no habrá impacto presupuestario, si van a obtener 5 mil millones de pesos al año. La mayoría de los legisladores se sorprendió con tal información, toda vez que el impacto se refiere al costo que pudiera generar la modificación constitucional.
En el dictamen se suscribe el argumento expuesto en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en el sentido de que opera la retroactividad y se disminuyen las pensiones de ex funcionarios, al tratarse de recursos públicos del Estado mexicano.
“No solo se sustenta en el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 134 de la Carta Magna sobre la administración de los recursos públicos”, sino que “también es coherente con una larga línea de precedentes constitucionales de la Suprema Corte de Justicia”.
En esa jurisprudencia se establece que las reformas a la Constitución “pueden válidamente operar sobre actos o hechos ocurridos en el pasado, sin que transgreda el principio de retroactividad de la ley”.
Igualmente en el dictamen se resalta que de no corregirse esas pensiones y jubilaciones en Pemex, CFE, Luz y Fuerza, Banco de México, Nacional Financiera y otras sociedades de crédito, “ han derivado en compromisos presupuestarios que a futuro pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en detrimento del bienestar colectivo”.