La iniciativa, que fue avalada la semana pasada por el Senado, ahora requerirá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación.
La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 30 de octubre por la noche una nueva reforma a la Constitución que evitará que los cambios al texto constitucional sean impugnados en los tribunales, esto luego de la batalla legal que hay por la reforma al Poder Judicial.
Con 343 votos a favor y 129 en contra, Morena y sus aliados lograron la aprobación de la iniciativa, con la cual el oficialismo busca blindar una serie de cambios a la Constitución ya sancionados por el Congreso, entre ellos la polémica reforma judicial.
La reforma —denominada de “supremacía constitucional”— ha generado preocupación entre especialistas y el sector empresarial, que sostienen que el nuevo cambio al texto constitucional debilitará el Estado de derecho.
En el texto se establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
SCJN
La reforma plantea que las disposiciones de la Constitución se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.
Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso, como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.
El oficialismo, que controla el Congreso, decidió pisarle el acelerador a la iniciativa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sopesó considerar una acción contra la reforma judicial, promulgada a mediados del mes pasado por López Obrador dos semanas antes de finalizar su sexenio.
Esta reforma representa un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.