VICTORIA, Tamaulipas.-Tras ser separado Raúl Ramírez Castañeda del puesto de fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, muchas preguntas fluyen en el ambiente, toda vez que el cese es temporal y sujeto a un proceso no concluído.
En efecto, al suspender provisionalmente de sus funciones al funcionario, integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado dieron a conocer que tal hecho es apenas una medida cautelar, sujeta a una determinación definitiva, en virtud de que Ramínez Castañeda dejó de reunir los requisitos de ley para permanecer en el cargo.
Como es del dominio público, en octubre del año pasado, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, notificó mediante oficio al Congreso del Estado que el depuesto fiscal había reprobado los exámenes de control y confianza; por tanto, ya no cumplía con los requisitos señalados por la Ley Orgánica del poder legislativo.
Así, el diputado Félix “Moyo” García Aguiar, quien entonces presidía la Junta de Coordinación Política debió tomar las medidas para sustituir a Ramírez, pero por argucias legales de éste y la complicidad del “Moyo” el encargado de combatir la corrupción siguió en funciones, indebidamente.
A partir de entonces, sabiéndose protegido por la camarilla panista que controlaba el Congreso, se dedicó a desafiar y poner en evidencia a los superiores jerárquicos, al extremo no solo de negarse a informar de su desempeño, sino de frenar, archivar y obstaculizar el desahogo de los asuntos de la Fiscalía Especializada.
Del incumplimiento de funciones, por parte de Ramínez, hablan los 573 casos acumulados en su oficina, de los cuales únicamente atendió 12; de ésos, apenas 6 fueron vinculados a proceso y ninguno mereció cércel o detención.
Adicionalmente, enfrenta acusaciones por corrupción y tráfico de influencias, anomalías cometidas cuando fungió como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estatal.
A pesar de todos esos malos antecedentes, contra viento y marea Ramírez se había mantenido en el puesto, sirviendo como tapadera a la corrupción del pasado gobierno cabecista.
Hoy, con el ex fiscal depuesto, es opinión generalizada que el Congreso Local no solo debe acordar el cese definitivo de Ramírez, sino que éste debe ser sometido a un proceso para que responda por los ilícitos que se imputan.
Sobre todo, y lo más importante, que la Fiscalía Anticorrupción empiece a despachar todos los expedientes ahí “congelados” a fin de que Cabeza de Vaca y sus cómplices, paguen ya por el grave saqueo cometido en Tamaulipas y demás crímenes con los que numerosos exfuncionarios están relacionados pero siguen en la impunidad.