Cd. Victoria, Tamaulipas.- La condena de Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, a 19 años de prisión y al pago de más de 8 millones de pesos como reparación del daño, es más que un fallo judicial: es un espejo que refleja la fragilidad del sistema educativo estatal y la impunidad que durante años protegió a los funcionarios del sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Gómez Monroy, quien ocupó la subsecretaría de Administración antes de asumir la Secretaría de Educación, fue hallado culpable de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, tras desviar recursos mediante un convenio ilegal con MetLife. La historia muestra cómo decisiones aparentemente administrativas terminan afectando a toda una estructura educativa, dejando un daño económico directo y tangible.
La jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas dictó sentencia por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, tras desvío de recursos durante su gestión en la SET durante el sexenio de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de Tamaulipas, fue condenado a 19 años de prisión y a pagar $8,285,878.87 como reparación del daño. La resolución fue dictada por la jueza unitaria de enjuiciamiento Martha Patricia Rodríguez Salinas, tras acreditar su responsabilidad en actos de corrupción cometidos cuando ocupaba la subsecretaría de Administración y posteriormente la Secretaría de Educación.
El ex funcionario firmó un convenio con MetLife para el pago de primas de seguro individual voluntario, sin contar con facultades legales para ello, lo que derivó en desvío de recursos.
Durante la vigencia del convenio (2018–2022) parte de los recursos se destinaron a pagos irregulares que beneficiaron al propio Mario Gómez Monroy.
Fue vinculado a proceso en septiembre de 2023, siendo el primer exintegrante del gabinete panista en enfrentar un juicio por corrupción en la SET.
La sentencia representa una de las condenas más severas contra un exfuncionario estatal en Tamaulipas, destacando la gravedad de los actos cometidos y el daño económico a la educación.
La condena al ex secretario pone en evidencia los riesgos de corrupción dentro del sector educativo en Tamaulipas, afectando directamente los programas y recursos destinados a alumnos y maestros.
Este fallo es un hito, pero también un llamado urgente: no basta sancionar a un individuo. Es necesario reformar las estructuras, garantizar transparencia y evitar que la educación siga pagando el costo de la corrupción.