El también activista Luis Manuel Soto Sanabria denunció vivir en zozobra tras recibir nuevas amenazas de muerte en Uruapan, Michoacán
Por: Amanda Bautista
Luis Manuel Soto Sanabria, activista y empresario aguacatero de Uruapan, Michoacán, ha recibido amenazas de muerte.Especial
Entre el temor y la desesperación, el empresario aguacatero y activista social Luis Manuel Soto Sanabria denunció la escalada de violencia y amedrentamientos en su contra tras recibir una amenaza de muerte directa el pasado mes de julio en Uruapan, Michoacán.
El mensaje, relató, fue colocado sobre la carrocería de su automóvil, acompañado por una corona de flores de uso funerario.
A pesar de la gravedad del hecho, el agraviado señaló que las autoridades ministeriales no le han proporcionado esquemas ni medidas de protección.
El antecedente: Un secuestro y condena en 2024
La situación de riesgo para Soto Sanabria no es reciente. En enero del año pasado, el empresario fue víctima de un ataque directo por parte de la delincuencia organizada que opera en la franja aguacatera de la entidad.
“El 19 de enero del 2024, fui levantado por un comando armado para extorsionarme, para quitarnos unas huertas de nuestras propiedades, donde pues gracias a Dios hubo una condenatoria ya exitosa, donde se condenó a esta persona a 18 años de prisión. Y pues obviamente siguen las amenazas, me vuelven a amenazar, me han amedrentado. Le he solicitado a la fiscal de Atami y a la fiscal también María Cristina que me den avances a mis licenciados, pero pues pareciera que no hay ningún avance, pareciera que me ocultan las cosas”, relató el afectado.
Luis Manuel Soto Sanabria ya pidió medidas de protección las cuales no han sido otorgadas.Especial
Desplazamiento forzado y freno a la labor comunitaria
Debido a la falta de garantías de seguridad, el empresario se vio obligado a modificar su dinámica de vida y cambiar de residencia, una decisión que impactó de manera directa los programas de asistencia social que encabeza.
Soto Sanabria preside la Fundación Soto Sanabria, organización enfocada en brindar atención y apoyo a poblaciones indígenas de los municipios de Uruapan, Los Reyes, Charapan y Peribán. Tras el amedrentamiento, la operatividad de la fundación se redujo en un 80 por ciento.
“El ser activista social ahorita aquí en Michoacán y a lo mejor en todo el país se ha caracterizado como un delito; pareciera que el apoyar a las personas que lo necesitan es como un delito o el de querernos callar y que no hagamos activismo social. Entonces estoy en una etapa complicada porque el reducir el 80% de actividad en todas las comunidades es muy complicado, porque me hablan, todavía me hablan para solicitarme reuniones, para pedirme apoyos, y estamos trabajando a lo que podemos, porque también no voy a exponer a mi equipo de trabajo”, enfatizó.
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“¿Esperan que sea una estadística más?”
Ante el estancamiento de las investigaciones y la ausencia de resguardo policial, el activista hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que atienda las denuncias presentadas y evite una tragedia.
“¿Qué esperan, que sea una estadística más, que ya digan ‘ya pasó algo’ para ahora sí apoyarlo?”, cuestionó el afectado al exigir una respuesta institucional oportuna. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.