La Fiscalía de Michoacán detuvo a Cristina “N” por presuntos ataques al honor contra un funcionario de Nuevo Parangaricutiro mediante perfiles apócrifos en Facebook.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentaron la orden de aprehensión en el municipio de Uruapan. De acuerdo con el reporte oficial, se trata de la primera detención en la entidad vinculada al uso de redes sociales para menoscabar la reputación de un servidor público.

La investigación, conducida por la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, detectó una serie de publicaciones en diversos perfiles y grupos digitales. El Ministerio Público estableció que estas expresiones contenían elementos constitutivos de delito en agravio de un integrante del ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro.

Investigación de la Policía Cibernética

La Dirección de Policía Cibernética realizó un análisis técnico y jurídico para rastrear el origen de las publicaciones. Mediante el seguimiento de huellas digitales y la identificación de nodos de conexión, las autoridades lograron ubicar a la persona administradora de las cuentas desde las cuales se emitieron los mensajes.

Tras recopilar los datos de prueba, la FGE presentó el caso ante un Juez de Control. La autoridad judicial consideró suficientes los elementos para liberar el mandato judicial por el delito de ataques al honor a través de medios cibernéticos. La imputada fue trasladada ante el órgano jurisdiccional para determinar su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué son los delitos contra el honor según el Código Penal de Michoacán?

En el marco jurídico del estado de Michoacán, los ataques al honor se encuentran tipificados como conductas que afectan la dignidad y reputación de las personas. Según la normativa vigente, estos delitos se configuran cuando se difunde información que causa un perjuicio moral o social al afectado.

El Código Penal establece que, cuando estos actos se realizan a través de medios electrónicos, redes sociales o cualquier plataforma digital que permita la difusión masiva, la gravedad del hecho puede derivar en sanciones penales y civiles. La legislación busca proteger el derecho a la vida privada y la propia imagen, limitando la libertad de expresión cuando esta incurre en la calumnia o la difamación comprobada.