Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos plantea estrechar el cerco migratorio a través de su oficina de impuestos. De acuerdo con una propuesta del Departamento del Tesoro, todos los contribuyentes que busquen asistencia social a través de ciertos beneficios fiscales deberán comprobar su estatus, ya sea como ciudadanos estadunidenses, o como “extranjeros cualificados”.
Estos beneficiarios de apoyos fiscales, al “autocertificarse” como residentes o “extranjeros cualificados” también deberán identificar a su cónyuge y situación migratoria, so pena de ser acusados de presentar deliberadamente información incorrecta o falsa en su declaración de impuestos, lo que constituye un delito grave en Estados Unidos y pueden llevar a multas de 100 mil dólares y prisión de hasta 3 años.
La propuesta del Tesoro y su Servicio de Impuestos Internos (IRS por su sigla en inglés) busca implementar una serie de medidas “para reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés)”.
La PRWORA implica una parte central en el sistema de asistencia social de Estados Unidos y desde su publicación en 1996 se acotó que cualquier “beneficio público federal” no se daría a extranjeros.
De ahí que el Tesoro, a través del IRS, busca clasificar los créditos fiscales por adopción, por hijos, el “American Opportunity” (Oportunidad Estadunidense) y por ingreso del trabajo (EITC) —todos subsidios que se dan a población vulnerable— como un “beneficio público federal”, a fin de que no se otorguen a personas que no cuentan con documentos migratorios.
“Esta medida combate el abuso de los créditos fiscales rembolsables sobre la renta individual financiados por los contribuyentes y garantiza que los extranjeros indocumentados y otros extranjeros no cualificados, a quienes la ley federal prohíbe recibir tales beneficios, no los obtengan”, explicó el Tesoro en un comunicado.
“Efectos económicos limitados”
Sin embargo, la propuesta a publicarse este 20 de agosto en el Registro Federal se exhibe como una medida de identificación migratoria más que una manera de ahorrar recursos al gobierno federal. El documento completo reconoce que tendrá “efectos económicos limitados”, dado que en general se requiere que los contribuyentes posean un número de Seguro Social válido para poder optar a estos subsidios.
A falta de información sobre el número de beneficiarios, el Tesoro estima que “entre 200 mil y 700 mil contribuyentes” —migrantes sin documentos, pero contribuyentes al fin— quedarán fuera de estos programas de subvenciones en 2026. Dado que el importe promedio de apoyos fiscales se estima en 3 mil 656 dólares por persona, se proyecta que los créditos denegados se encuentren entre 700 y 2 mil 600 millones de dólares.
En este punto, la propuesta revela que en realidad no tiene información para sustentar una medida fiscal, pero sí de identificación migratoria. “El Departamento del Tesoro y el IRS no disponen de datos sobre la condición de extranjero cualificado de los contribuyentes a efectos de la PRWORA que permitan estimar con precisión el importe monetario que se denegaría en virtud de las regulaciones propuestas”, expone el documento.
“Simplificación” como cebo
La parte nodal del reglamento propuesto por el Tesoro es que para hacerse de estos apoyos fiscales una persona que no es ciudadano estadunidense, debe tener la condición de “extranjero cualificado” cuando presente su declaración del impuesto federal sobre la renta. Para ello se debe “autocertificar”, es decir, exponer su condición de residente o migrante, a riesgo de que si el gobierno encuentra información falsa les acuse de un delito grave.
“En el caso de una declaración conjunta, basta con que uno de los cónyuges sea ciudadano estadunidense, nacional estadunidense o extranjero cualificado”, expone el reglamento propuesto. Sin embargo, justo estos programas, el EITC, el Oportunidad estadunidense y el crédito fiscal por adopción generalmente exigen que las personas casadas presenten una declaración conjunta para reclamar el crédito.
Esta simplificación para matrimonios —de acceder a las subvenciones con que sólo un cónyuge cuente con documentos— implica descubrir el estatus indocumentado de la pareja, dotando de información precisa, de entrada domicilio, al gobierno de Estados Unidos; el mismo que bajo la administración de Donald Trump se ha dedicado a perseguir y criminalizar migrantes.