Cd. Victoria, Tamaulipas.-Un total de 2, 502 servidores públicos han enfrentado procesos penales en Tamaulipas, dicha cifra corresponde a las denuncias presentadas contra ellos desde el 2017 a la fecha.
Los datos emitidos por la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, detalla en su estadística que en el 2017 se dieron 296 denuncias, en el 2018 fueron 620, en el 2019, 594; en el 2020, 472 y en el 2021, 409, en tanto en el presente 2022 ya son 111 las denuncias de este tipo las que se han recibido.
En este contexto la Fiscalía General de Justicia en el estado lanza un exhorto a la ciudadanía a reportar irregularidades o actos contrarios a la ley cometidos por servidores públicos.
Se pone a disposición de la comunidad una línea telefónica -834 31 8 5130-, así como un correo electrónico para denunciar las 24 horas – quejasydenuncias.fgj@fgjtam.gob,mx.
En el Código penal en su artículo 208 está establecido:
ARTÍCULO 208.- Para los efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Estado y los Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso del Estado, o en el Poder Judicial, o que manejen recursos económicos estatales.
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente.
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de
servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado de Tamaulipas por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.