Con un acuerdo que publicó la Secretaría de la Función Pública, serán suprimidos de 78 paraestatales; en su lugar se crearán oficinas de representación, según el DOF.
Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, comentó que la medida “es un intento mal diseñado de simplificación y austeridad innecesaria que no comparto”. (Especial)
Los órganos internos de control de 78 paraestatales serán extinguidos y, en su lugar, se crearán oficinas de representación, de acuerdo con el acuerdo que publicó la Secretaría de la Función Pública el 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
Algunas de las paraestatales que comprenden el acuerdo son la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Colegio de Bachilleres, Fondo de Cultura Económica, los hospitales generales y regionales, así como los institutos de salud pública, Talleres Gráficos y la Universidad Pedagógica Nacional.
Al respecto, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, comentó, en entrevista con El Financiero, que la medida “es un intento mal diseñado de simplificación y austeridad innecesaria que no comparto”.
Para el legislador panista, “los órganos internos de control deben garantizar cuatro atributos: honestidad, competencia profesional, independencia y carácter. Esta decisión no auxilia, los órganos internos de control deben también cuidar la especialización del conocimiento y naturaleza de cada entidad, lo cual requiere un dominio temático que no se logra a la distancia. Es un error estratégico mayor y sustantivo”.
En tanto, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, en entrevista con este dario, dijo que, “aunque estas medidas buscan fortalecer el control y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública sobre organismos paraestatales, lo cual es positivo, el hecho de que entren en vigor el último año de gobierno puede dificultar su implementación”, indicó.
Resaltó que esta dependencia siempre está bajo la espada de Damocles, con el riesgo de desaparecer en cada administración, aunque también podría correr el riesgo de ser captada por un grupo político.
“Por ello es importante que la ratificación de su titular por parte del Senado no sea asunto de trámite, sino un proceso para evitar captura por parte de intereses contrarios al interés público”, remarcó.