Luego de que se dio a conocer la decisión del juez octavo de distrito, con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, que disponía detener al ex mandatario para ser procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR afirmó que el propósito de combatir los delitos cometidos por altos funcionarios se ve afectado por este tipo de fallos judiciales.
La dependencia federal aseguró que el juez actuó como defensor del imputado.
“Es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso, las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, señaló la FGR.
Expuso que el juicio de amparo se falló sin que se permitiera al Ministerio Público Federal exponer su punto de vista como tercero interesado, lo cual violó el el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La FGR tendrá que presentar su apelación en los próximos días, para que un tribunal colegiado revise la decisión del juez de amparo.