Ciudad Victoria, Tam.- El congreso local instó al fiscal general del Estado, Irving Barrios Mojica, a que agote todos los medios necesarios para la integración de la carpeta de investigación que se inició con la denuncia interpuesta por la diputada Nora Gómez González, por la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito de falsificación de documentos.
El pasado 30 de mayo, la propia diputada denunció ante el pleno haber sido víctima del delito de falsificación de firmas en una demanda de recursos de defensa de derechos políticos electorales que, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional interpusieron ante el Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, para reclamar la legalidad y constitucionalidad del acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de fecha 17 de mayo de 2023, por el cual se reconoció la existencia jurídica del Grupo Parlamentario de las Diputadas sin partido en el seno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Según explica la legisladora, ella se enteró con posterioridad a su presentación, que la demanda en cuestión asentaba una firma atribuida como suya puesto que se asentó sobre su nombre y, como es público y conocido, niega que ella haya plasmado su firma en ese documento.
Dada la gravedad en la probable comisión del delito de falsificación de firmas, utilizada en la demanda de Recurso de Derechos Político-Electorales interpuesta ante el Tribunal Electoral del Estado; la legisladora acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar la falsificación referida y se investigue a fondo y no de manera limitativa a la persona o las personas Servidores públicos o Asesores que elaboraron y presentaron dicho documento de manera maliciosa ante el Tribunal, y, se castigue a quien o quienes resulten responsables.
La falsificación de la firma de una legisladora es un acto de la mayor gravedad pues, tal como se desprende de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la legisladora es representante popular y su firma en documentos oficiales implica el ejercicio de esa representación popular.
Por lo tanto, falsificar la firma de una legisladora para iniciar un proceso jurisdiccional no sólo daña a la servidora pública en lo personal, sino que puede significar un atentado contra sus representados y contra la Soberanía de esta representación política.
Por ello considera una imperante y de extrema gravedad que se investigue la potencial comisión del delito de falsificación, por lo tanto, como representantes del pueblo y de esta soberanía; solicitamos al Fiscal General de Justicia, Irving Barrios, que, en estricto apego a sus facultades legales, desahogue con la celeridad que permita la complejidad de la investigación, todas las diligencias que sean y resulten necesarias para que se finquen responsabilidades con o contra quienes resulten responsables.