Episcopado Mexicano pide a los senadores que analicen con profundidad y prudencia la iniciativa del presidente López Obrador; señalan que es necesario crear una ‘reforma integral’.
La Iglesia católica se sumó a las protestas en contra de la reforma judicial, al considerar que la iniciativa del presidente López Obrador “no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia”.
En un pronunciamiento público, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), criticó que la propuesta presidencial –aprobada ya por la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena y sus aliados– “afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución”.
“Por tal motivo, pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial… a los jueces, magistrados, ministros y ministras”, conminó.
La jerarquía católica alentó a “continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas, en las que coinciden con distintos organismos internacionales que manifiestan que la elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía”.
Lo anterior –agregó– “a fin de que avancemos a una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal”.
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A nombre del presidente de la CEM, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, y toda la comitiva del organismo religioso, el posicionamiento insistió en expresar su “preocupación por la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial en México”.
También recordó que los obispos, junto con la sociedad civil, promovieron diálogos con distintos sectores, con “un reclamo de las víctimas de la violencia criminal generalizada y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia”.