El pleno de ministros declaró inconstitucional la fracción II del artículo 102 de dicha ley, donde señalaba que los probables responsables de un delito, así como sus defensores, tendrían acceso a dicho registro “estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal”.
La norma había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien consideró que esta restricción injustificada limita las garantías para una defensa adecuada y de acceso a la información.
El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, explicó que la invalidez de esta restricción es además “derivada de la falta de competencia el congreso del estado de Tamaulipas para legislar en materia de registro de detenciones”.