El juez Germán Cruz admitió a trámite el primer recurso que promovió la Asociación de Municipios de México, para impugnar aspectos del llamado “Plan B” de reformas electorales, impulsado por el gobierno federal. Asimismo fijó el próximo 20 de febrero a las 10 de la mañana la audiencia incidental donde determinará si le concede la suspensión definitiva.
La agrupación presentó el recurso el pasado 9 de febrero que será estudiada por el impartidor de justicia. Entre los actos reclamados es el artículo 26 de dicha enmienda., el cual a la letra dice: ““El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior”.
Incluso señala que los Entes Públicos pueden presentar a la Unidad Administradora modificaciones al contenido del Programa Anual de Comunicación Social, a más tardar, el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal. En caso de que la modificación implique un incremento del gasto asignado, el Ente Público debe explicar en la solicitud las situaciones de carácter emergente, caso fortuito, fuerza mayor o, en su caso, si fueran necesarias para generar ingresos para el Estado.
Además, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar las adecuaciones presupuestarias en los términos de la normativa aplicable.
La reforma fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por 75 municipios gobernados por el PAN en entidades del Estado de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.