Cd.Victoria, Tamaulipas.-Las mujeres en Tamaulipas han sido víctimas frecuentes de secuestros, extorsiones, tráfico y corrupción de menores, así es documentado por el Secretariado ejecutivo nacional de seguridad pública.
En su reporte estadístico se detalla que de enero a agosto, las instancias judiciales atendieron 45 denuncias de extorsión donde las víctimas son mujeres, 29 casos de tráfico y corrupción de menores, así como tres nuevos expedientes por el delito de secuestro.
De acuerdo a la información remitida por el Secretario Ejecutivo Nacional, el objetivo de este reporte es poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de población.
Es de mencionar que el marco normativo nacional, existe la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia que obliga al estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas establece principios rectores para acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros.
Se define la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.
Aunado a ello, considera que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan los estados y municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar.
Se reconoce que el problema de la violencia como problema complejo que necesita ser atendido desde los más diversos ángulos y en los diferentes puntos de los procesos individuales y familiares de quienes están en situaciones de violencia.
Se considera que la propuesta legislativa se encuentra debidamente fortalecida por una necesidad social y soportada por un marco normativo que impone al Estado la obligación de intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas.