• Las sanciones económicas dependerán de la conducta infractora que
oscilan de cinco a quinientas veces del valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Multas que van desde 518 pesos hasta los
51 mil 870 pesos se podrán aplicar por los Ayuntamientos y los
Organismos Operadores del Agua a personas que incurran en
violaciones a la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, las cuales están
previstas en esta misma en sus artículos 191 y 192.
Raúl Quiroga Álvarez, director general de la CEAT, explicó que las
sanciones económicas dependerán de la conducta infractora, misma que
oscila de cinco a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización.
Instalar conexiones clandestinas, ejecutar derivaciones de agua potable
y conexiones al alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales, causar desperfectos a un aparato medidor o violar los sellos
del mismo, alterar el consumo marcado por los medidores, retirar un
medidor sin estar autorizado, variar su colocación de manera transitoria
o definitiva, son algunas de las acciones que son objeto de multas.
Así mismo el deteriorar cualquier instalación destinada a la prestación
de los servicios públicos, a los propietarios o poseedores de predios
dentro de los cuales se localice alguna fuga que no haya sido atendida
oportunamente, no cumplir con los requisitos o las condiciones de uso
eficiente del agua potable, utilizar el agua potable para lavar con
manguera los vehículos, banquetas o la vía pública; así como aquellas
que sin usarla lleven a cabo los actos señalados utilizando agua potable
en cantidades que, a juicio del prestador de servicios resulten excesivas,
son otras de las conductas que ameritan sanciones económicas a
quienes incurran en estas violaciones.
Explicó que derivado de la reforma de la Ley de Aguas del Estado de
Tamaulipas, y por instrucciones precisas del gobernador Américo
Villareal Anaya, se puso en funcionamiento el Semáforo del Cuidado del
Agua, el cual será el instrumento informativo, en el que se establecerán
recomendaciones periódica para el consumo racional del vital líquido
entre los usuarios de los servicios públicos, tomando en cuenta el
monitor de sequía que publica el Servicio Meteorológico Nacional y la
disponibilidad que se tenga de este suministro en las diferentes fuentes
de abastecimiento.